La última acción fue el pedido de ejecución de parte de las instalaciones que la jueza recién frenó a horas del remate, llamado con una base muy por debajo de su valor de mercado y que resultaba insuficiente si el propósito verdadero era cubrir la deuda demandada.

La obra social OSPSA lleva adelante un reclamo judicial por el pago de una deuda estimada en medio millón de pesos, que se encontraba en plena etapa de negociación y próxima a llegar un acuerdo que iba a ser suscripto por el SESM y por la gerenciadora Praxismed, sin embargo los sindicalistas ambicionan negociar una deuda millonaria cercana a los $5.000.000, por el incumplimiento del pago histórico de aportes y contribuciones.

Desde el lunes 20 al miércoles 22, un día antes del remate, tanto la gerenciadora como el sindicato habían llegado a un acuerdo para evitarlo. Sorprendentemente, al momento de la firma, los sindicalistas Juan Carlos Navarro y Juan Domingo Bolzón, de la OSPSA, desistieron del convenio, sin que el mismo se pudiera firmar. La jueza convocó a una audiencia de conciliación donde la Sociedad Española y la gerenciadora ratificaron el compromiso de cumplir el acuerdo para saldar la deuda para el acuerdo que los sindicalistas volvieron a rechazar con la intención de forzar el remate.

El jueves 23, el día del remate, la juez decidió suspenderlo y señaló que “ante el riesgo, altamente probable, que se haya omitido en la inspección ocular, que en el inmueble a rematar funcionan los servicios de salud descriptos por la demandada”

La subasta del inmueble tiene un precio de base que equivale a las dos terceras partes del avalúo fiscal de dicha propiedad: un terreno situado sobre calle José Federico Moreno, con una extensión de 20 metros por 60 metros, y que -al igual que todos los bienes- se encuentra concursado.

Los sectores de guardia (incluye estacionamiento y el ingreso para las ambulancias) y bombas de oxígeno emplazados en calle José F. Moreno abastecen las diferentes dependencias del histórico edificio de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, son claves para el funcionamiento, y su remate ocasionaría el cierre de la Unidad de Terapia Intensiva colocando en riesgo la vida de los pacientes.

Lo extraño del planteo sindical es que si se ejecuta el remate, el monto recaudado no alcanzará para pagarles la deuda que reclaman y además estarán a la cola de otros acreedores que tendrán prioridad.

Por eso se asoció la decisión de llevar a la SESM hasta el punto de perder sus instalaciones con un fallo anterior de la jueza Arrabal que anuló una decisión administrativa del PAMI y obligó al instituto a pagar la cápita de cien mil jubilados al Hospital Italiano, para mantener el beneficio hace ya casi treinta años al cardiocirujano y empresario Claudio Burgos.

La historia de la Sociedad

La Sociedad Española de Socorros Mutuos nació hace 131 años y aún mantiene los mismos objetivos de brindar servicios de salud a toda la población que se asociara. “La Sociedad” se encuentra desde 1953 en Lavalle 441. Un documento dice que el 5 de octubre de 1883 “un grupo de compatriotas” se reunió para formar la primera comisión directiva y encarar la “instalación” de la Sociedad Española local. Los apellidos de Fornés, Ponte, Villar, Aguinaga, Gallegos, Del Castillo, Guillot, García, Ruiz, Serna, Martínez, figuran entre algunos de los pioneros.

Desde el año pasado y a través de un acuerdo con la gerenciadora Praxismed se lleva adelante un fuerte programa de inversión para la puesta en valor de todas las instalaciones. El plan empezó por la nueva guardia médica que funciona ahora como un shock-room, para atender a cada paciente de acuerdo con la necesidad y gravedad del caso, con entrada por Federico Moreno, una de las instalaciones que la jueza quiere rematar.