Ley sindical: sorpresa y movidas en el Congreso por el fallo de la Corte

Por: Eduardo Aulicino

No es la primera vez que el temario público escapa a la exclusiva voluntad kirchnerista, pero la decisión de la Corte sobre uno de los pilares del sistema sindical sorprendió por partida doble al Gobierno: instaló un problema delicado, que no se resuelve con una salva de declaraciones, y lo plantó además en el estricto terreno de la política.

No hay instancias judiciales para escalar --es un fallo del máximo tribunal-- y la CGT apela entonces al poder K. Por eso, algunas miradas empezaron a girar hacia el Congreso. Allí, el oficialismo no exhibe voluntad de abrir un nuevo frente de batalla, mientras la oposición observa los primeros impactos y por ahora sólo atina a revisar proyectos. Señales inconfundibles del efecto que provoca algo inesperado.

El fallo en cuestión definió que la elección de delegados no corre por los canales exclusivos del sindicato reconocido en el rubro y pone en duda, a futuro, el sistema gremial vigente desde hace décadas. Pasada la primera reacción de enojo, y la pretensión de limitar las consecuencias de la medida judicial, la CGT reclamó una solución política al Gobierno, destacando de hecho el papel de aliado estratégico que se le asigna desde el máximo nivel del poder a la central que encabeza Hugo Moyano. ¿Cómo acotar o amortiguar la medida dispuesta por la Corte, según ese reclamo sindical? ¿Un decreto, un proyecto de ley? Frente al interrogante, algunos ya tomaron nota en el Congreso.

Fuentes del bloque oficialista de diputados, con todo, creen que no es necesario acelerar decisiones, porque la ampliación del efecto inicial por medio de causas judiciales ofrece tiempo para estudiar alternativas y elegir el mejor momento político y la mejor vía para instrumentarlas.

No se trata de una evaluación desprovista de precauciones propias. Forzar una salida legislativa, que sólo contemple la reacción y los objetivos de la CGT, podría ser traumático en el interior de la bancada peronista. Nadie desconoce en el PJ el peso en esta materia de Héctor Recalde, presidente de la comisión de Legislación Laboral y hombre de confianza de Moyano, pero nadie desconoce tampoco la escasa representación sindical en el bloque oficialista. Además, destaca otra fuente, varios diputados K tienen historia de mayor sintonía con las posiciones de la CTA, que hasta ahora reclama sin éxito el reconocimiento de su personería ante el Ministerio de Trabajo.

No asoman mejores perspectivas sobre las posibles reacciones entre los sectores que han acompañado al oficialismo en varias votaciones trascendentes, luego de la caída de las retenciones móviles. En otras palabras, se descuentan fisuras en el tejido de esas alianzas, en especial con aquellos que se anotan en la amplia vereda del centroizquierda. En esa franja, y sobre todo entre los legisladores más cercanos a las posiciones de la CTA, ya circula la idea de presentar proyectos a tono con la jurisprudencia que acaba de instalarse. Ese camino podría tener además otros protagonistas, aunque no está claro aún si con voluntad de debatir seriamente el tema o sólo con la intención de un gesto testimonial.

En la oposición, tomada también de sorpresa, algunos comenzaron a revisar iniciativas que quedaron en los cajones o en archivos de las comisiones. Algunos radicales e integrantes de la Coalición Cívica ya se dieron a esa tarea en Diputados.

La UCR, más orgánicamente, decidió reanimar una iniciativa legislativa que tenía pensado presentar, y estaba demorada, en el marco de actividades planteadas para celebrar los 25 años de democracia. Cerca de Gerardo Morales dicen que esos trabajos serán revisados a la luz del fallo de la Corte, pero como parte de una propuesta más integral y amplia en el terreno gremial.

Los socialistas también empezarían a analizar el tema este semana. "Hay que buscar caminos amplios de consenso, para mejorar y oxigenar el sistema de estructuras y funcionamiento sindical, pero sin caer en propuestas que puedan debilitar la capacidad de reclamo y propuesta de los trabajadores", dice un diputado del PS.

El mismo legislador reconoce una debilidad de la política en esta materia: la Corte terminó colocando en el centro del debate una cuestión fuera de los primeros renglones de la agenda, desde hace más de 20 años.

Pero allí está plantado ahora el tema. Incomoda al Gobierno, aún sin estrategia firme para enfrentarlo. Inquieta al Congreso, donde cuenta el oficialismo, pero también el juego que ensaye la oposición.

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