Silencioso malestar en Tribunales por el "monitoreo" del Ejecutivo

Ni los jueces ni la Corte quieren salir a responder públicamente, pero descreen de la ofensiva oficial. "Van a tener bastante trabajo", ironizan y hablan de intromisión.
Unos magistrados rezongan más y otros menos, pero la mayoría de los integrantes del Poder Judicial de la provincia ha decidido "absorber" sin contestar las críticas abiertas o encubiertas que provengan de funcionarios del Ejecutivo sean éstas anónimas o tengan nombre y apellido.

"Sólo si hay alguna referencia crítica del propio Gobernador, podrá haber alguna respuesta oficial desde la Suprema Corte, como ocurrió con el discurso del 1° de Mayo en la Legislatura", enfatizan en Tribunales.

Las periódicas referencias al funcionamiento del Poder Judicial desde el Ejecutivo no dejan de causar cierto malhumor entre los jueces, aunque también son muchos los que ven en esas referencias "fuegos de artificio electoral" y existe un criterio bastante generalizado de "no entrar en el juego".

Las referencias al establecimiento en el Ejecutivo de un "mecanismo de seguimiento de expedientes" para determinar qué magistrado puede ser sometido a un Jury de Enjuiciamiento -publicadas ayer por Los Andes- reiteraron escozores y molestias en Tribunales.

"Sólo en la Primera Circunscripción Judicial ingresan 50 denuncias penales por día. Van a tener bastante trabajo si revisan causa por causa", dijo en Tribunales un convencido de que "esos famosos monitoreos no son tales" y que desde la Casa de Gobierno sólo se repiten afirmaciones electoralistas. "Habrá que aguantar hasta el 28 de junio", agregó.

"La Corte tiene la facultad de superintendencia del Poder Judicial y ya existe un control interno", dicen los que sienten al "monitoreo" del Ejecutivo, como una intromisión de poderes. "¿Se dedicarán a controlar también las causas que involucran a ex funcionarios?", se preguntó uno de los más molestos. No obstante, oficialmente, nadie dice nada.

En el Poder Judicial existe una sensación generalizada de que se está trabajando bien y que cualquier falencia se puede detectar y corregir internamente. "¿Correspondería acaso que nosotros controláramos la eficiencia de ministros y secretarios del Ejecutivo?", es la pregunta sobre la escalera que conduce a la gran columnata, en el Barrio Cívico.

"El objetivo más ambicioso pretendido por el Poder Judicial de Mendoza es promover un proceso de reforma coherente y gradual dirigido a la transformación integral de las instituciones judiciales, que contemple una mayor transparencia y el fomento de la confianza de los ciudadanos en la Justicia", destacó durante la apertura del año judicial el propio presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares. Es un hecho que toda la información existente en Internet sobre el Poder Judicial es producto de una decisión del máximo tribunal.

En marzo de 2004, mediante una acordada se creó el Registro Informático de Detenidos como parte del denominado Compromiso con la Comunidad por la Justicia. En noviembre de 2005, otra acordada dispuso digitalizar el calendario de debates penales y desde marzo de 2006 otra resolución del máximo tribunal ordenó subir a Internet el movimiento de expedientes en los fueros civil, de paz y de quiebras.

En algunos casos el acceso es público y en otros restringido mediante claves de acceso. En este último caso se encuentran -por ejemplo- el registro de deudores alimentarios morosos y las causas de familia.

La información sobre el Poder Judicial, que permite una evaluación de su funcionamiento, ha seguido creciendo en el tiempo y desde abril del año pasado existen bancos de datos compartidos con la Casa de Gobierno "que resguardan la división de poderes, los secretos sumariales y la privacidad de las personas, para no caer en totalitarismos".

Lo cierto es que, actualmente, un simple repaso de la información judicial publicada en Internet permite saber que, por ejemplo, en siete cámaras penales de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza ayer había 240 personas detenidas bajo proceso.

Y que -según se desprende de la información publicada en Internet por el propio Poder Judicial- 237 de esos detenidos se encuentran en situación regular, es decir que se sustancia su proceso dentro del plazo de dos años exigidos por la ley para el dictado de sentencia.

Pero también muestra a tres detenidos sin sentencia, que están privados de la libertad hace más de dos años. Según el Registro Informático de Detenidos, entre los 17 detenidos de la Cámara Primera figura uno con casi tres años de encierro (causa 7.651.106) y entre los 43 de la Cámara Séptima aparecen dos con más de dos años (expedientes 5.433 y 13.751.406).

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