El ISS en silencio y Tavella fuera del país

La investigación judicial aún no se abrió porque la denuncia no llegó a la fiscal Ongaro. Erquicia, cuando inauguró hace 14 años las instalaciones de Casino Club, destacó la rapidez del proceso licitatorio.
El directorio del Instituto de Seguridad Social analizará en los próximos días el dictamen del fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, sobre la concesión irregular del casino a la empresa Casino Club y la habilitación ilegal de la sala de tragamonedas que funciona en el centro.

"Es un tema reciente, pero obvio que lo analizaremos. Es una cuestión muy importante como para no hacerlo. Pero antes debemos leer en detalle lo que dijo el fiscal", afirmó ayer una alta fuente del I.S.S. ante una consulta de este diario. Lo que no dijo es si esperarán hasta la próxima semana, cuando el presidente Miguel Tavella regrese de sus vacaciones en el exterior. LA ARENA se contactó telefónicamente ayer con él, aunque se excusó de hablar porque desconocía el pronunciamiento de la F.I.A. Sí se comprometió a hacerlo cuando regrese a Santa Rosa.

Carola se presentó el viernes pasado en el Juzgado de Instrucción 7 y radicó una denuncia por los delitos de incumplimiento de los deberes públicos y abuso de autoridad. Si bien no dio nombres, sus destinatarios son el ex presidente del Instituto, Miguel Erquicia, los directores de fines de los '90 y el auditor interno. La presentación fue a partir de otra denuncia del diputado radical Martín Berhongaray que fue archivada por el fiscal Mauricio Piombi. Por esa conducta, el legislador anticipó que pedirá el juicio político del funcionario judicial.

El fiscal Carola dijo que "dos elementos del contrato de concesión, la inversión y el canon, habrían sido ilegítimamente modificados con posterioridad a la firma del mismo por funcionarios del I.S.S." Con ello, adujo, se violó el principio de igualdad para el resto de los oferentes.

La F.I.A. detalló que originalmente el canon que debía pagar Casino Club había sido fijado en el 13,33 por ciento sobre los ingresos totales mensuales, un monto que no podía ser inferior a 120.000 pesos; pero en 1999 el contrato se modificó a instancias de Erquicia y del gerente general de la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (Dafas), Mario Azcárate, debido a que la firma concesionaria se quejó porque el canon mínimo era superior a lo efectivamente vendido y porque los controles de los inspectores provocaban molestias en el personal y en los apostadores. Por eso Erquicia dejó sin efecto el canon variable, lo reemplazó por uno fijo y eliminó los controles y la fiscalización.

Otro duro cuestionamiento de Carola fue que la comisión técnica evaluadora -integrada por Erquicia y el auditor interno, entre otros funcionarios- recomendó la adjudicación de la concesión a Casino Club, el único oferente que quedaba en pie, sin controlar la viabilidad objetiva de la inversión propuesta. Esa tarea quedó a cargo de la comisión de control que, de acuerdo a lo que surge del expediente, nunca se reunió.

"Sin contratiempos".

Erquicia estuvo a principios de 1995 en el acto de apertura del casino y al hablar públicamente destacó "el corto tiempo que se dispuso para efectuar la licitación" y que, no obstante ello, "todo se pudo hacer sin contratiempos". El lunes, cuando fue consultado, respondió que el asunto es "historia vieja" y que no lee los diarios locales.

Paralelamente, en el ámbito judicial ayer no hubo novedades porque el Juzgado 7, a cargo de la jueza Florencia Maza, no le envió la denuncia de Carola a la fiscal de turno, Alejandra Ongaro. Esta, cuando reciba el texto, seguramente impulsará la acción penal. Lo que trascendió fue que Ongaro mantuvo una charla con Piombi para unificar criterios, atento a que éste había dictaminado que no se cometió ningún delito al otorgarse la concesión del casino.

En Tribunales dejaron trascender que no es seguro que finalmente terminen investigando Maza y Ongaro -deberían hacerlo si se toma en cuenta que estaban de turno la semana, cuando el fiscal entregó la denuncia-, ya que podrían declararse incompetentes y enviar el texto al Juzgado de Instrucción 4, a cargo del juez Alberto Farías, que estaba de turno el 10 de febrero pasado, cuando la Fiscalía de Investigaciones inició las actuaciones administrativas.

Comentá la nota