Además, las fuentes destacaron que Oyarbide recusó a cuatro de los trece consejeros para que no intervengan en su caso. Ellos son el senador radical Mario Cimadevilla, el juez Ricardo Recondo, el diputado radical Oscar Aguad y el representante de los abogados porteños, Alejandro Fargosi.

El magistrado los acusa a los consejeros de tener una “enemistad manifiesta” hacia él a raíz de las públicas declaraciones que hicieron sobre él en la reunión plenaria del organismo, hace dos semanas, y en el último encuentro de la comisión, la semana pasada.

El kirchnerismo se negó a citar a Oyarbide por el artículo 20 del reglamento de la comisión, una suerte de “declaración indagatoria”, aunque sí por el artículo 11. En el escrito ingresado en el Consejo, y dirigido a la presidenta de la comisión, la senadora oficialista Ada Iturrez de Cappellini, Oyarbide aseguró que responderá en término el descargo sobre las acusaciones que pesan en su contra.

El magistrado fue denunciado por Cimadevilla, Fargosi, los diputados radicales Manuel Garrido, Mario Negri y José Cano, otros tres diputados del Frente Renovador liderados por Adrián Pérez y sus propios superiores de la Cámara Federal penal porteña.

Este último tribunal remitió al Consejo copia del sumario abierto luego de la denuncia formulada por el propio Oyarbide sobre el allanamiento del 19 de diciembre en la mutual Propyme. El magistrado hizo un descargo a raíz de la denuncia formulada por el titular de Propyme, Guillermo Greppi, quien aseguró que policías federales le pidieron una coima para frenar el procedimiento con supuestas instrucciones del juzgado de Oyarbide, quien admitió haber frenado el allanamiento a pedido del subsecretario Legal y Técnico Carlos Liuzzi.