Siguen sin control los fondos jubilatorios reestatizados

Siguen sin control los fondos jubilatorios reestatizados
No se pusieron aún en marcha los mecanismos prometidos en la ley que dispuso el fin de las AFJP
Cinco meses después de la eliminación del sistema jubilatorio de capitalización, los fondos que fueron traspasados al Estado siguen siendo gestionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sin que se apliquen los controles previstos en la misma ley, según denunciaron diputados de la oposición. Se trata de una masa de recursos que superaría los $ 100.000 millones, según estimaciones basadas en los informes que se emitían quincenalmente hasta octubre último: a partir de la estatización del sistema también se abandonó la difusión de datos.

La semana pasada, tres diputados que defendieron la anulación de las AFJP y que ahora reclaman transparencia al Estado presentaron en el Congreso un proyecto de resolución para que se integre la demorada comisión bicameral que debería estar haciendo un seguimiento de las inversiones del fondo de "garantía del sistema de reparto". Ese grupo debe integrarse con seis diputados y seis senadores.

A la caja en cuestión, que está bajo la responsabilidad directa del director de la Anses, Amado Boudou, se transfirieron los ahorros acumulados en las cuentas de quienes habían elegido una AFJP. El fondo también se alimenta del excedente que se genera entre la recaudación del sistema y sus pagos mensuales.

"Usar los recursos sin control les da letra a los defensores del sistema privado en contra del de reparto", se quejó la diputada María América González (Solidaridad e Igualdad), autora del proyecto de resolución, que también firman Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad). González recordó que entre los fondos traspasados están los provenientes de aportes voluntarios que hicieron algunos afiliados, ya que pese a los meses transcurridos la Anses no definió qué ocurrirá con esos recursos.

Además de la iniciativa de resolución, los diputados les pidieron a Eduardo Fellner y a Julio Cobos, como presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente, que "arbitren las medidas necesarias para constituir la comisión bicameral". Según González, "resulta ofensivo para la República y para la democracia tener que llegar a redactar un proyecto de resolución para que las autoridades del Poder Legislativo cumplan lo que dice la ley".

A mediados de febrero pasado, los diputados le habían reclamado a Boudou, con una carta de intimación, que dispusiera la integración del consejo multisectorial que debe monitorear el uso de los recursos y que, al igual que la comisión bicameral, fue creado por la reforma votada en noviembre del año pasado. De ese consejo deben formar parte entidades empresariales, sindicales y dependencias del Gobierno. La respuesta de la Anses señala que la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), la CGT, el Organo Consultivo de Jubilados y Pensionados y la Cámara de Diputados respondieron a la invitación. En el caso de la UIA, la respuesta fue que se propondrá una designación una vez que funcione la bicameral.

Sin embargo, la nota de la Anses aclara que la designación formal de los integrantes del grupo está en trámite, ya que esa tarea le fue asignada por la ley 26.425 al Poder Ejecutivo. Es decir: las entidades proponen y la presidenta de la Nación decide quiénes controlarán.

Según Lozano, que califica como "ilegal" la asignación de fondos sin control, ese consejo de entidades nació como propuesta de funcionarios y legisladores oficialistas durante el breve debate que tuvo el proyecto en el Congreso. "No se integran ni siquiera los organismos que ellos propusieron", sostuvo en referencia al oficialismo, al que cree responsable de las omisiones, dada su posición de fuerza en el Congreso.

El diputado estimó que el Gobierno hizo ya anuncios que comprometen el uso de $ 32.000 millones del sistema en planes de préstamos, aunque por ahora se licitó entre los bancos una cifra muy inferior. Si se suman anuncios de obras públicas para este año y la suscripción de deuda, el economista de la central obrera CTA calculó en un trabajo que ya se pensó un destino para $ 82.000 millones.

LA NACION intentó varias veces, desde la estatización del sistema, acceder a datos del fondo. Pero no hubo respuesta, igual que ante la consulta a la Anses para esta nota.

Aunque las proyecciones podrían ser revisadas, se calcula que este año el sistema de la seguridad social tendría un excedente de $ 18.000 que iría al fondo de garantía como diferencia entre la recaudación y los gastos que asume. Es un saldo que muchos se resisten a calificar de "superávit", dado que hay más de 231.000 juicios de jubilados pendientes, muchos de ellos en reclamo de la aplicación del fallo Badaro, en el que la Corte ordenó que desde 2002 los haberes deben subir a la par de la evolución de los salarios.

Reclamo por la movilidad

La ley de movilidad jubilatoria puesta en marcha en marzo último no previó ninguna corrección del valor de muchos haberes jubilatorios que, si se sigue el criterio dispuesto por los jueces supremos, recibieron ajustes insuficientes en los últimos años. Esa es una de las razones que motivaron a un grupo de entidades sindicales y de jubilados a presentar en la Justicia un pedido de declaración de inconstitucionalidad de esa norma. La demanda fue alentada también por los diputados González y Lozano.

Además de la falta de retroactividad, se cuestiona que la fórmula de cálculo de la movilidad no siga directamente la evolución de los salarios (en rigor, la combina con otras variables). También se reclama por la forma en que se actualiza el valor histórico de los sueldos de los últimos 120 meses con aportes antes del retiro, que son considerados para calcular el haber de inicio de una jubilación. Y se sostiene que el haber mínimo debería equivaler al 82% del salario mínimo, vital y móvil (actualmente es el 61%).

La acción fue presentada por la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, la Federación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de la CTA, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos y la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina.

Tiempo atrás, la diputada González había presentado un proyecto para reclamar la publicidad de los datos de la evolución de las variables que utiliza la Anses para el cálculo de la movilidad, lo que no ocurrió.

Director estatal en una firma eléctrica

* Sadesa, grupo dueño de las usinas Central Puerto y Piedra del Aguila, aceptó, luego de intensas negociaciones, el ingreso de un representante del Estado en su directorio, función que ejercerá el arquitecto Edgardo Luicen. La medida se suma a las incursiones del Gobierno en empresas con paquetes accionarios que tenían las AFJP, hoy en manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y fue comunicada el viernes por la compañía a la Bolsa. Pese a que el director de la Anses, Amado Boudou, había negado a fines de 2008, tras la estatización del sistema previsional, que el Gobierno tuviera interés en designar directores en las empresas, tomó ya participación en Siderar, Consultatio, Gas BAN, TGS, Endesa Costanera y Distribuidora de Gas Cuyana. Se esperan nuevas designaciones en firmas como Edenor y Telecom.

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