Sigue el malestar por privatización municipal

Trabajadores hicieron llegar a los concejales una nota con duras críticas a la ordenanza que pretende privatizar el cobro de los derechos por publicidad, propaganda y uso del espacio público.
"No se puede tapar un negocio de tercerización, que tan mal parados nos dejó en la década de los ‘90 con una postura aparentemente progresista, que en realidad no es más que regresiva y preocupante para los trabajadores", reza uno de los párrafos de la extensa carta de un gremio de los estatales, que ya reposa en el despacho de los 24 ediles que integran el deliberativo platense.

El texto, que lleva la firma de la delegada Daniela García y del prosecretario gremial Carlos Leavi, realiza un pormenorizado análisis de los fundamentos y el articulado de la iniciativa enviado por el intendente Pablo Bruera y reformada por la comisión de Hacienda la semana pasada.

Los representantes sindicales llegan a la conclusión de que "no es cierto" que con "el recurso humano, técnico y económico disponible" no se pueda alcanzar el objetivo de "mejorar la recaudación". Sí reconocen posible falta de personal, o ausencia de "toda la técnica necesaria" para lo que proponen el "nombramiento de algunos más para el sector y con una adecuada capacitación a todos los que lo integran. Fácil y económico".

Sobre la contratación que realizaría el municipio para tercerizar este servicio, expresan que "resulta más que asombroso que el Concejo Deliberante pretenda aprobar un contrato de licitación del cual se desconocen supinamente sus básicas condiciones", y plantean que los ediles tendrían que conocer "al menos los trazos gruesos" del pliego de condiciones que fundamenta todo llamado a licitación, lo que permitiría conocer el monto, el tiempo y las metas esperadas de la contratación.

Agregan que "es muy desopilante advertir que en el último artículo de la ordenanza se autoriza al Ejecutivo a rescindir unilateralmente el acuerdo si se verificara el incumplimiento del mismo, cuando en realidad los señores concejales desconocen el mismo".

Los gremialistas afirman que "tanto la cláusula del artículo primero como la del sexto son un cheque en blanco en favor del Ejecutivo, sin contralor de ninguna especie por parte del Concejo. Simplemente deja todo en manos del Ejecutivo y con la ordenanza se está perdiendo el tiempo tratando de que la cuestión aparezca como democráticamente resuelta".

En lo referente al artículo que garantizaría la continuidad de las condiciones laborales de los empleados que trabajan en la Unidad Fiscalizadora que recauda este tributo, la nota explicita que no se cumpliría ni con la estabilidad laboral, por existir un área específica destinada a la percepción la contribución que se terceriza, ni con el ingreso de estos municipales, ya que éste deviene de un porcentaje sobre lo recaudado, tarea que ya no realizarían de privatizarse el servicio.

Por último, cuestionan que para la licitación se convoque exclusivamente a los privados, sin incorporar a las universidades nacionales, a las cuales, sin embargo, el mismo municipio solicitó en su momento "la tecnología para votación del presupuesto participativo".

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