Sigue dilatándose el desalojo de las viviendas de

Teniendo en cuenta los tiempos de la Justicia, la medida recién se haría efectiva la semana próxima o en los primeros días de abril.

Si bien todavía quedan instancias judiciales por cumplir, esta semana podría realizarse el desalojo de las familias que vienen desde el 15 de enero ocupando las viviendas del "Subprograma Provincial Dignidad" ubicadas en el barrio "El Martillo" y destinadas a un grupo de habitantes de la "Villa de Paso".

Ayer venció el plazo para que la defensa de los ocupantes, representada por el abogado Juan Pablo Gelemur, presente un recurso de Casación ante la Sala 2 de la Cámara Penal, que podrá optar entre hacer lugar al pedido o rechazarlo. Si se decide por lo primero, se abrirá una instancia, que posiblemente producirá una significativa demora. Pero si la opción es la segunda, es dable que durante esta semana la causa viaje desde la Cámara al Juzgado de Garantías a cargo del juez Juan Tapia.

Tapia una vez que reciba la causa -claro que para este momento tendrán que estar hechas todas las notificaciones- la remitirá sin más trámite a la fiscal de la causa, Graciela Trill, quien estribará los medios para cumplir con la orden de desalojo, encomendando seguramente tal tarea a la Policía Departamental.

Teniendo en cuenta el feriado de hoy, y que estimativamente la causa llegaría a la Fiscalía de Trill entre jueves y viernes, la medida podría dilatarse hasta la otra semana e incluso llegaría hasta los primeros días de abril, con lo que la ocupación se prolongaría por casi tres meses.

Ya pasaron casi tres meses

Según aparece en el detalle cronológico que hizo el juez, "el 15 de enero de 2009, en horario cercano a las 9 de la mañana, un grupo de personas ejerció violencia sobre los alambres perimetrales que delimitan el predio ubicado entre las calles Friuli, Calabria, Génova y William Morris".

Y continúa: "Luego de ello, las personas mencionadas ingresaron a dicho ámbito y ocuparon una serie de obras en construcción, que corresponden a la realización de viviendas vinculadas al denominado 'Subprograma Provincial Dignidad', reteniendo contra su voluntad a un albañil de la empresa constructora por un lapso aproximado de treinta minutos, impidiéndole retirar sus herramientas".

"El mismo día, a las 12.15, Luis Alberto Stufano, el presidente de la entidad Asociación Civil Trabajar ONG sin fines de lucro (la cual se encuentra a cargo de un sector del proyecto Subprograma Provincial Dignidad, predio Las Heras II, barrio El Martillo, subsidiado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires) formuló la respectiva denuncia penal por el delito de usurpación de doce casas en construcción".

La descripción de estos hechos lleva a la idea de que una vez concretado el desalojo, posiblemente, la fiscal Trill resuelva el procesamiento de algunas de las personas que instaron a la usurpación del lugar, ya que el juez Tapia y después la Cámara Penal, confirmaron la consumación de este delito.

El interrogante que queda todavía abierto es cuál será el destino de las familias -aproximadamente entre 30 y 50- que se instalaron en esas viviendas, teniendo en cuenta que muchas de ellas tienen, entre sus integrantes, a niños de corta edad.

Si el juez Tapia resolvió que el desalojo se realizara con todas las garantías que corresponden al respeto de los Derechos Humanos de las personas, hay que pensar que ese mismo cuidado tendrá que observarse para con los ocupantes, una vez que abandonen las viviendas.

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