Sigue el corte de madera y están alambrando en los fiscales 55 y 14

El coordinador de la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat, Francisco Pérez, informó que, mientras se demora la continuación del proceso de regularización de la propiedad de la tierra en los lotes fiscales 55 y 14, en el departamento Rivadavia, hay criollos que siguen cortando madera y comenzaron a realizar alambrados.
Pérez relató que en la zona de Rancho el Ñato se está haciendo un alambrado de dos kilómetros cuadrados. "Fuimos a revisar y nos alcanzaron con armas", relató. "Hay mucha explotación de madera", añadió.

Pérez se mostró insatisfecho con el trabajo del gobierno provincial respecto del proceso de regularización que el misma la provincia se obligó a llevar a cabo en el marco del proceso de solución amistosa que se sustancia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Desde que salió el decreto (4705, publicado en el Boletín Oficial el 28 de octubre pasado, en el que se designan a los nuevos integrantes de la Unidad Ejecutora) no hubo ninguna convocatoria a las comunidades para comenzar a trabajar en la ejecución",

indicó.

Por esto, consideró que el único camino para avanzar en la regularización es que los habitantes de los fiscales, tanto wichi como criollos, acuerden entre sí y luego el Gobierno ratifique estos convenios, tal como se hizo en la última parte de la gestión del ex gobernador Juan Carlos Romero.

Los fiscales 55 y 14, unas 640 mil hectáreas en la jurisdicción de Santa Victoria Este, están inmersos en un pleito ante la CIDH, ante la que concurrió Lhaka Honhat en reclamo del reconocimiento de sus derechos.

Después de muchas dilaciones, el gobierno salteño hizo una propuesta de regularización, pero como en el lugar hay campesinos criollos, debe realizarse un proceso para delimitar las tierras sin afectar derechos adquiridos.

Aunque la gestión de Juan Manuel Urtubey insiste en presentar este tema como resuelto, la realidad indica que aún resta poner en práctica la ejecución de la distribución de la tierra, que incluirá, necesariamente, la reubicación de algunos habitantes criollos.

El año pasado Lhaka Honhat, que representa a unas 40 comunidades indígenas, y la Organización de Familias Criollas (OFC), llegaron a un acuerdo por el cual 400 mil hectáreas quedaban para las comunidades y 243 mil se distribuían entre los criollos.

Este acuerdo fue ratificado luego por el gobierno de Romero. Pero con el cambio de gobernador hubo un retraso y la nueva Unidad Ejecutora se constituyó recién en octubre pasado.

Pérez criticó el texto del decreto 4705. Contó que junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), asesor legal de Lhaka Honhat, había realizado observaciones pero en el texto final del decreto no fueron tenidas en cuenta.

A fines de noviembre la OFC se reunió en la zona y junto a Lhaka Honhat presentaron un pedido de audiencia al gobernador para conversar sobre el proceso de regularización.

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