Signos de preocupación por la crisis con el Central

Por: Alejandra Gallo

Economistas de diverso signo, consultados por los empresarios, destacaron la pérdida del superávit fiscal como la principal razón de la disputa por el manejo de las reservas.

Cuando la mayoría estaba concentrada en elegir sobre en qué arenas depositar sus sombrillas veraniegas, el kirchnerismo abruptamente obligó a los empresarios más poderosos y a los economistas más consultados y de todos los matices políticos a cambiar el eje.

La pelea del Gobierno con Martín Redrado, (removido por decreto presidencial refrendado por los ministros) por las reservas concentró esas miradas en el tema de fondo: el peculiar diccionario K para la definición de institucionalidad. En el fondo, las miradas se concentran en si la gestión de Cristina Kirchner finalmente utilizará parte de las reservas para gastos corrientes. Y si pondrá toda la artillería jurídica que considere necesaria para sostener esa decisión. Sobre todo en un año como el que recién comienza, en el que la Casa Rosada vería desvanecerse su bastión político: el superávit fiscal.

Lo que habría encendido la luz amarilla en ese eventual destino para los 6.569 millones de dólares que la Presidenta, por decreto de necesidad y urgencia, le exige al Banco Central que le entregue para el polémico Fondo del Bicentenario, fueron las declaraciones del viceministro de Economía, Roberto Feletti, quien el martes en un comunicado de prensa, rompió su habitual bajísimo perfil (a pedido de Olivos) en el que criticó a quienes se oponen al fondo y dejó en claro que la utilización de las reservas para el pago de la deuda implica "que se liberan recursos para sostener los estímulos a la demanda". Luego, Aníbal Fernández, ratificó esa misma idea al decir que las reservas "son del Gobierno y no del Banco Central".

La embestida oficial por el uso de una porción de las reservas (totalizan 48.000 millones de dólares) había empezado con un DNU cuyos alcances legales generaron una discusión política (entre oficialismo y oposición) y entre poderes (el Gobierno, la Justicia y el Congreso) y siguió anoche con otro DNU, cuyos alcances seguirían siendo inciertos.

Para cuando recrudeció la pelea K con Redrado -quien timoneó el Central durante toda la era K-, los empresarios que toman decisiones de inversión y empleo en las compañías siderúrgicas, alimenticias, mineras, de servicios, automotrices, constructoras, energéticas más grandes del país ya habían agotado las cargas de los celulares de los economistas más consultados (muchos de ellos ex ministros). "En el 2009 hubo un cambio estructural del modelo con una fuerte expansión del gasto y un superávit que se mantiene con arañazos", les explicó el radical Mario Brodersohn. "El Central ya venía financiando al Gobierno con utilidades, adelantos transitorios; bastante duró el romance", consideró Carlos Melconián cercano al PRO.

"Este es un quiebre institucional y como tal, derrama en las inversiones y en el consumo", sintetizó Daniel Marx. Aun Eduardo Curia (muy cercano al pensamiento K y en muchas ocasiones crítico de la gestión Redrado) le atribuyó el capítulo por las reservas a que "la gestión macroeconómica está en degradación".

Hubo otras voces que más públicamente reprodujeron esta misma preocupación por el fondo de la discusión: el Fondo del Bicentenario sería, en la práctica, una luz verde para aumentar el gasto público con recursos que no se obtienen por la vía impositiva. Así, entre otros y también desde distintos enfoques, se han pronunciado Roque Fernández, Alfonso Prat Gay, Roberto Lavagna y Manuel Solanet.

Desde esta perspectiva, es que el Gobierno de Cristina K está comenzado un año que se caracterizaría por las pujas distributivas (salariales, entre las provincias y la Nación, y por los precios) y que tendrá que afrontar, en total, 13.000 millones de dólares de vencimientos. Los compromisos en pesos estarían cubiertos con la ANSeS y el Banco Nación, que tienen leyes constitutivas más flexibles en lo jurídico que la Carta Orgánica del Banco Central.

Sin embargo, la deuda en dólares ascenderá a 5.200 millones de dólares. La Argentina no tiene acceso al crédito internacional (ahora quizás un poquito menos), ya que el último préstamo llegó desde Venezuela en el 2008 a una tasa muy beneficiosa para el prestador. Ese mismo año fue el último en el que la Argentina tuvo superávit por 31.500 millones de pesos. El año pasado la lógica cambió porque se sostuvo el aumento del gasto con recursos por fuera de la recaudación e, incluso, con la ayuda del propio Banco Central.

Desde la perspectiva de la Casa Rosada eso pasó como consecuencia de la crisis internacional y las políticas anticíclicas. Lo cierto es que ahora, el único que podría cambiar esos pesos por dólares sería el Banco Central. Por eso, allí, en este contexto, el Gobierno necesitaría una autoridad monetaria más amigable con las interpretaciones jurídicas del riñón K. Para la Presidenta y su gabinete ese hombre parece ser el radical K, Miguel Angel Pesce.

En la misma lógica de estar dentro o fuera del entorno K, es que desde la Casa Rosada (y antes del último DNU) desde Olivos también pidieron respaldo a algunas entidades empresarias. Salieron de inmediato ADEBA (presidida por Jorge Brito, el banquero con simpatía kirchnerista) y ABAPRA (donde la titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, pisa fuerte). Hablaron de la necesidad de consolidar el sistema financiero y pidieron la renuncia de Redrado.

Otras entidades prefirieron el silencio, como ABA, a cargo de Mario Vicens, donde sus asociados habrían considerado que no había razones para intervenir en una pelea entre Redrado y el Gobierno. Claro que anoche, el Gobierno dio un paso más en su propia lógica sobre el polémico Fondo del Bicentenario y su destino.

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