Shell paga y evita el juicio

Durante nueve años, los familiares de las víctimas presentaron ante una corte federal neoyorquina pruebas de cómo la petrolera holandesa financió y organizó grupos de soldados nigerianos para reprimir protestas indígenas.
Shell aceptó pagar 15 millones y medio de dólares para evitar un juicio por violaciones a los derechos humanos en el principal país productor de crudo de Africa, Nigeria. Durante los últimos nueve años, los familiares de las víctimas presentaron ante una corte federal neoyorquina pruebas de cómo la petrolera holandesa financió y organizó grupos de soldados nigerianos para reprimir las protestas de las comunidades indígenas del delta del Níger. Sin embargo, el batallón de abogados de la petrolera de la corona de Holanda logró retrasar el inicio de un juicio. "Si hubiésemos ido a juicio y lo hubiésemos ganado, los demandantes padecerían años de apelaciones. Por lo menos las familias serán compensadas por los abusos a los derechos humanos que sufrieron", explicó Paul Hoffman, uno de los abogados querellantes.

En el año 2000, Ken Saro-Wiwa se acercó con otros compañeros a una corte federal de Nueva York. Hacía cinco años la dictadura nigeriana que gobernaba entonces había ahorcado a su padre, Saro-Wiwa, y a otros cinco militantes ambientalistas después de inventar un juicio por el supuesto asesinato de cuatro dirigentes políticos. Los militares se habían negado a escuchar los reclamos de Ken Saro-Wiwa y, a pesar de sus esperanzas, lo mismo sucedió con el nuevo gobierno democrático que asumió en 1999. Frustrado, el hijo de uno de los fundadores del movimiento ambientalista del delta del Níger cruzó el océano y probó suerte en Estados Unidos.

Utilizando una vieja ley, aprobada en el siglo XVIII para juzgar piratas, una corte federal de la gran manzana aceptó el caso. Además de involucrar a la subsidiaria de Shell en Nigeria en el fraudulento juicio contra los seis ambientalistas, los familiares de las víctimas denunciaron que la petrolera holandesa armó, dio apoyo logístico y hasta dirigió algunas redadas del ejército nigeriano contra las manifestaciones de las comunidades locales.

Según contó en los últimos años Ken Saro-Wiwa, en el delta del Níger, el sudoeste nigeriano donde se concentran sus reservas petroleras, Shell es amo y señor. La empresa holandesa controla un poco más de la mitad del negocio del crudo en el país, mientras que el resto se lo reparten dos competidoras norteamericanas, Exxon Mobil y Chevron Texaco. Los más de un millón de barriles diarios que extrae en el país africano representan el 10 por ciento de su producción mundial.

Por eso cuando el padre de Ken Saro-Wiwa y sus compañeros se unieron en el primer frente ambientalista y denunciaron los derrames sistemáticos y la contaminación del aire y la tierra producida por la quema de los gases en los pozos petroleras, Shell vio peligrar uno de sus bastiones. La represión que terminó con el ahorcamiento público de los seis líderes del movimiento ecologista logró acallar por un tiempo esas reivindicaciones. Como una olla a vapor, la pobreza, las enfermedades y las ansias de poder del gobierno local explotaron cuando la llegada de la democracia en 1999 no trajo consigo justicia, trabajo y una participación de los ingresos petroleros. Durante la última década los atentados y secuestros a empresarios e ingenieros extranjeros se volvieron moneda corriente, al punto de que en 2007 Shell levantó campamento en la zona oeste del delta, la más conflictiva. Perdieron medio millón de barriles diarios durante más de un año, hasta que negociaron con las comunidades indígenas más puestos de trabajo, inversiones en infraestructura, educación y salud.

El lunes en Nueva York hicieron una concesión similar, 15 millones de dólares –más o menos lo que le cuesta el alquiler anual de un carguero para exportar crudo desde Nigeria– a cambio de limpiar su nombre. "Aunque la empresa no tomó parte en la violencia ocurrida, sí reconoce que los demandantes y otras personas sufrieron", concluyó uno de los directores de Shell que siguieron el caso, Malcolm Brinded.

Pero aunque para la corona holandesa el acuerdo significa una vuelta de página, para los familiares de las víctimas fue apenas un primer antecedente. "Al menos reconocieron que sus acciones la perseguirán en cualquier parte del mundo", destacó Ken Saro-Wiwa.

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