El PJ hizo valer su mayoría y sostuvo que “esta medida ha sido aplaudida por gran margen de la sociedad”. El decreto 840 establece de 1 a 30 días a quienes maneja ebrio, multa y secuestro del rodado. Además, dicho vehículo no es retirado antes de 60 dìas, es rematado o compactado.

La Cámara de Diputados ratificó el Decreto Nº 840 del Ejecutivo Provincial que establece sanciones a los conductores de rodados que circulen alcoholizados. En otro orden, y con la presencia de autoridades electas, el Ex Secretario de Deportes de la Provincia, Enrique Rodríguez juró como diputado en reemplazo del electo Intendente de la Capital, Alberto Paredes Urquiza. Rodríguez comunicó a la Cámara su decisión de ser parte integrante del Bloque Justicialista, Proyecto Rioja.

La sesión ordinaria estuvo presidida por el Vicepresidente Primero, Luis Orquera, por encontrarse el Vicegobernador Sergio Casas, a cargo del Ejecutivo. El izamiento de las Banderas Nacional y Provincial estuvo a cargo de los diputados Florencia López y Mauro Lujan, respectivamente.

En el comienzo de la sesión, por pedido de la diputada Pierina Décima se realizó un minuto de silencio en memoria del diputado Ricardo Farías por cumplirse un año de su desaparición física.

Luego, y por moción del Presidente del Bloque Justicialista, Juan Pedro Carbel se procedió a la toma de juramente de Enrique Rodríguez, quien formará parte del Bloque Proyecto Rioja. Antes de la asunción del nuevo legislador el cuerpo legislativo aceptó la renuncia del diputado Alberto Paredes Urquiza.

Posteriormente el Vicepresidente Primero de la Cámara de Diputados, Luis Orquera tomó juramento al ex Secretario de Deporte, Enrique Rodríguez, quien asumió como diputado y también como miembro de la Sala Acusadora. Rodríguez completará el mandato con duración hasta el mes de noviembre, del electo intendente de la Capital, Alberto Paredes Urquiza.

En la asunción del flamante diputado estuvieron presentes el Vicegobernador Sergio Casas, Gobernador electo; el Ministro de Infraestructura, Néstor Bosetti, Vicegobernador electo; la Senadora Nacional, Hilda Aguirre de Soria, la Diputada Nacional, Griselda Herrera, el Asesor General de Gobierno, Héctor Duran Sabas, el Secretario de Prensa y Difusión, Luis Solorza, el Secretario de Prevención de Adicciones, Alberto Andalor, los miembros Superior Tribunal de Justicia, Claudio Ana y Luis Brizuela y la Sta. Fernanda Russo, Medalla de Plata en los Juegos Panamericanos 2015.

Como punto destacado del orden del día, se presentó lo que sería el debate de la jornada, centrado en el Decreto de la Función Ejecutiva Provincial N° 840, de fecha 1 de junio de 2015, modificando el Artículo 44° de la Ley N° 4245 del Código de Faltas.

En primer término, hizo uso de la palabra la diputada Inés Brizuela y Doria, quien consideró que se trata de un decreto “nulo, de nulidad absoluta”. Sostuvo tal sentencia al afirmar que “no hay ninguna circunstancia que justifique el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 840” ya que “no es la vía para la cual se han previsto este tipo de herramientas”. Indicó que dicho tratamiento se tendría que haber dado en el ámbito parlamentario. Además, agregó que dicha medida está “violando abiertamente garantías constitucionales”, “se está modificando una ley derogada” y recordó que tiempo atrás se aprobó un Código que todavía no fue puesto en funcionamiento. Aclaró que la posición del bloque es a favor de la implementación de políticas que contrarresten los accidentes y las muertes viales, pero exigió que las mismas sean elaboradas con seriedad.

Seguidamente, el diputado Oscar Chamía respondió a su predecesora manifestando: “absolutamente para nada se ha violado ningún derecho, ni se han avasallado facultades”. Explicó que “el gobernador (Beder Herrera) ha hecho uso de sus facultades” constitucionales, las que están contempladas cuando se trata de “situaciones especiales o cuando la cámara está en situaciones especiales”. Reconoció que “las normas son perfectibles”, por lo que propuso “seguir discutiendo, seguir trabajando” en la materia. Finalmente, remarcó que “esta decisión del gobernador ha sido aplaudida por gran margen de la sociedad”.

Luego, la diputada Alejandra Oviedo respaldó la aplicación de la norma en debate explicando que “es tarea fundamental del Estado el tema de la seguridad” y que por ello “no es excluyente que el titular a cargo del Ejecutivo provincial haga uso de una herramienta otorgada por la Constitución Provincial”. Además, resaltó “el valor de la iniciativa y el resultado” logrado, lo que fue alentado con “el acompañamiento de la gente”.

En idéntica sintonía se manifestó la diputada Florencia López, al acentuar la “legitimación que tiene este decreto y los resultados beneficiosos” que se han conseguido. En respuesta a lo argumentado por Brizuela y Doria, dijo: “en ningún momento se puede hablar de que estamos rigiendo con una ley derogada; al contrario, esta Legislatura dispuso que el Decreto Ley 245 tenga plena vigencia” y consintió que posteriormente “se dictó un Código Contravencional que estamos esperando que se ponga en macha”. Explicó que, mientras tanto, “no se puede esperar que haya víctimas tras víctimas”. “El gobernador de la provincia ha dictado una norma perfectamente constitucional”, redundó; y remató: “no he visto un planteo de inconstitucionalidad de la diputada (Brizuela y Doria) ante la Justicia”.

De igual modo, la diputada Marta Salinas expresó: “la sociedad riojana ha legitimado este decreto porque es un decreto que realmente reconoce la realidad riojana que vamos padeciendo día a día, desde hace varios años”. Añadió que “el orden jurídico debe ser interpretado en su integralidad”, priorizando “la protección y la plenificación de la vida humana” como “bien supremo de todo el ordenamiento jurídico”. Por otra parte, aclaró: “es cierto que la Cámara de Diputados está en pleno ejercicio”, pero, de todos modos, “no hay ningún cuestionamiento, no hay ninguna crítica que se pueda hacer a la legalidad de la norma”.

Por último, Salinas mocionó que se vote el proyecto, el cual fue aprobado sin el acompañamiento de los miembros de Fuerza Cívica Riojana.