El Poder Judicial no tiene tóner para imprimir sus fallos. Tal vez sea el dato que mejor resuma la polémica que la jueza federal María Servini de Cubría instaló esta semana. La magistrada dijo que su juzgado está desbordado y se quejó por las condiciones de trabajo de sus empleados. PERFIL realizó esta semana un relevamiento en los doce juzgados federales de los tribunales de Retiro. El panorama es similar para todos.

El sistema es parte del problema y las carencias no sólo son edilicias y de recursos humanos y físicos. Un juez federal puede tener en su escritorio desde causas de alto voltaje, como el tráfico de efedrina y el triple crimen –que investiga Servini–; la muerte del fiscal Alberto Nisman; el caso Báez; y Hotesur; hasta la detención de un civil con diez “ravioles” de cocaína o la falsificación de un documento.

Cada juzgado tiene un promedio de cuarenta empleados para centenares de causas. Aunque la Corte Suprema les asignara más personal, no tendrían dónde ubicarlos. En el juzgado de Servini, la acumulación de escritorios obliga a los judiciales a turnarse para tomar declaraciones a testigos o imputados. Cada juzgado recibe aproximadamente 1.800 denuncias por año. La mayoría ingresa desde las comisarías y el resto por las presentaciones de denunciantes ante la Cámara Federal, que luego van a sorteo. En total, el sistema registra entre 19 mil y 20 mil denuncias anuales, contó una fuente judicial a PERFIL. Un juez del tercer piso de Comodoro Py 2002, sede de los tribunales, asegura que las cifras se mantienen: cada año, ingresan en promedio 1.800 causas, y se resuelven una cantidad similar. Actualmente, en el juzgado donde deben investigar el caso Báez hay otras 800 causas en trámite. En otros juzgados dicen que colapsan porque en un mismo trimestre recibieron varias megacausas.

Un monstruo gris. Hay despachos vip, dicen algunos funcionarios judiciales. Se caracterizan por tener ventanas y luz natural. Lo consideran un privilegio. Otros despachos no tienen ventilación ni ventanas. Los baños no tienen jabón ni papel pero tienen escombros. Los judiciales los comparten con presos y público general.

Si elige depender del sistema, el juzgado podría paralizarse. Una impresora, por ejemplo, puede estar seis meses sin funcionar. La solución termina recayendo en que cada juez o sus secretarios letrados se encarguen de los gastos y reparaciones de su juzgado. 

Un alto funcionario de un juzgado debió comprar comprar y colocar los tubos de luz. Además, la instalación eléctrica del edificio no soporta los aires acondicionados nuevos. Si los viejos se rompen, hay que esperar meses hasta que los reparen. 

El problema del tóner es común a todos los juzgados. Por un supuesto error administrativo, los encargados de licitar las compras de tóner del Poder Judicial no pueden hacerlo. Desde entonces, cada juzgado debe comprar el suyo. Lo mismo sucede en las fiscalías.

Los tribunales federales, sin embargo, son privilegiados en comparación con algunas de las instalaciones del fuero ordinario. En Cerrito 536, el fuero laboral ordenó desalojar a sus empleados hace años por peligro de derrumbe porque el edificio no podía seguir soportando el peso de los expedientes. Cuando los trasladaron, la propiedad no fue desocupada. Instalaron las fiscalías ordinarias. Hoy todavía funcionan los despachos de las defensorías oficiales. Los escritorios sólo pueden colocarse cerca de las columnas o ventanas. Si se ubican en otra posición, pueden derrumbarse.