Los servicios públicos lideran el ránking de quejas de los usuarios.

Los servicios públicos, a cargo de empresas privadas –Edefor y Aguas de Formosa-, están al tope de las quejas, reclamos y denuncias formulados por los usuarios, seguidos muy de cerca por las cooperativas que prestan igual servicio en el interior provincial. En esta suerte de ránking, también se suman, pero en menor porcentaje, las quejas contra las asociaciones y mutuales que otorgan préstamos a empleados públicos a las que se agregan las denuncias contra los giros comerciales que no cumplen con diferentes actos de comercio que se realizan en nuestra plaza.
Estos datos están contenidos en un informe presentado por la Defendería del Pueblo de la Provincia y se corresponden con los primeros meses de este año.

En el se indica también que existen quejas y reclamos contra la telefonía móvil y fija, contra las obras sociales, contra los municipios de la capital y del interior y también reclamos por discriminación, incumplimientos de garantías, service y dificultades con el cambio de productos con fallas de origen.

Desde el organismo de la Constitución se destacó que en los casos de los que se tramitan por la Defensoría del Pueblo, el 85% de los mismos es resuelto en forma favorable y los restantes son derivados a otras áreas y /o se encaran las acciones judiciales correspondientes, dejándose bien en claro a todos los vecinos que la idea para solucionar cualquier tipo de conflicto es siempre utilizar las distintas vías de resolución de los mismos sin judicializar las quejas.

En ese sentido, se señaló que “resulta alentador que el Estado provincial tenga tanto en capital como el interior, lugares donde los usuarios y los consumidores puedan ser debidamente asesorados los 365 días del año”.

“De este modo en los últimos años, la Defensoría del Pueblo se ha insertado en la comunidad de toda la provincia como un lugar en el que la gente puede encontrar en forma gratuita el asesoramiento de profesionales capacitados frente a los múltiples problemas que se le plantean tanto con los servicios públicos como con cuestiones en las que muchas veces interviene alguna firma o giro comercial privado”.

“Aquí encuentra la gente un lugar donde es escuchada y junto a las diferentes áreas creadas como la de la tercera edad, nos permite enarbolar un paraguas protector hacia los usuarios y consumidores. Obviamente, que el trabajo no es fácil, máximo en un año electoral y en donde la cuestión de los servicios públicos han acaparado la atención de todos los ciudadanos, a los cuales no se los puede embarcar irresponsablemente en procedimientos que no contemplen los futuros perjuicios patrimoniales que pueden padecer”, manifestó el defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca.

Reconoció que la cuestión tarifaria del servicio energético “ha acaparado el trabajo diario y sistemático puesto que el mismo tuvo un fuerte impacto al principio, con la eliminación de los subsidios a la generación de energía mediante la resolución 1169 de la secretaria de energía. Esto, ha ido modificándose por el fuerte compromiso real del Gobierno de la Provincia que se ha traducido en medidas como la de subsidiar a todos los usuarios de energía en un 100% en lo que respecta al cargo fijo y en un 20% en lo que respecta al cargo variable”, indicó.

“No obstante, estamos a la espera de los resultados judiciales de la impugnación de la Resolución 1169 que de prosperar, nos permitiría reiniciar el camino en el tema de tarifas de energía eléctrica, ya que estamos convencidos de que el dictado de la misma debió contemplar las características sociales, económicas, políticas y climáticas de nuestra región NEA”, enfatizó Gialluca.

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