El lunes 21 de diciembre, en ocasión del egreso de más de quinientos oficiales del S.P.B., el ministro de Justicia, Carlos Mahiques, se presentó en la escuela de cadetes acompañado de Florencia Piermarini -jefa del Servicio hasta ese momento- y César “Jopito” Albarracín -subsecretario de Política Criminal-, dos sobrevivientes de la gestión Daniel Scioli que cuentan con un descrédito generalizado dentro de la fuerza. Si bien se esperaba para el mes de marzo que la jefa del S.P.B. fuera removida, la confirmación de Albarracín cambió los ánimos del personal penitenciario.

El nombramiento de Díaz terminó con las últimas esperanzas de cambio del personal de la fuerza que se había volcado electoralmente por Vidal. Otro signo de alerta fue la declaración de emergencia que la gobernadora llevó a la Legislatura, ya que el Servicio atravesó muy malas experiencias con la intervención comenzada por Cabrera y seguida por su sobrino Fernando Díaz, quien ya ocupara ese cargo entre 2005 y 2009.

Fernando Díaz desembarcó en el S.P.B. de la mano de su tío, junto a cinco asesores más provenientes del Servicio Penitenciario Federal, tres de ellos sin experiencia en aspectos penitenciarios. Esto lo incluye desde ya, al propio Díaz, ya que él se desempeñaba como uno más dentro de la oficina de Asuntos Jurídicos del S.P.F..

Tras el retiro de Cabrera sonaban los nombres de Humberto Li Rosi y Mario Vallituto -actual juez en Lomas de Zamora-, ambos de una gran trayectoria y conocimiento. Pero finalmente Cabrera postuló a su sobrino que, a pesar de su inexistente experiencia. fue nombrado jefe del Servicio, provocando que tanto Li Rosi como Vallituto den un paso al costado al no estar de acuerdo con las políticas y los manejos de Díaz

EL DESCALABRO DE FERNANDO DÍAZ AL FRENTE DEL S.P.B.

Si bien la excusa de intervenir el Servicio tuvo que ver con su enorme infraestructura, debido a la ridícula cantidad de direcciones y cargos existentes y el supuesto alto grado de corrupción, en poco tiempo se vislumbró que la fuerza era una institución rentable donde los políticos de turno podían llenarse los bolsillos. Si bien inicialmente Cabrera realizó una caza de brujas y redujo la cantidad de direcciones, Díaz, en poco tiempo, las llevó al doble de las que existían antes de la intervención (y, en honor a la verdad, hasta la actualidad las sigue aumentando).

Durante su gestión nombró al frente de Recursos Humanos a Gustavo Cassieri, que se dedicó a perseguir al personal penitenciario en forma autoritaria y haciendo abuso de su poder solapado por Díaz. Se enriqueció a través de los “negociados” que realizó, entre ellos la venta de cupos y traslados de los distintos internos. Por otro lado, si bien durante su gestión se crearon los departamentos técnicos criminológicos -órgano multidisciplinario para el asesoramiento sobre la conveniencia o no de otorgar algún beneficio plasmado dentro de las leyes 12.256 y 24.660-, ante la posibilidad de que los dictámenes no fueran acordes a lo esperado, Díaz creó secretamente dentro del Instituto de Clasificación un equipo que los modificaba según sus “negociados”, participando de este equipo la directora, la subdirectora y la jefa de Psicólogos del Instituto de Clasificación. Este hecho es, sin duda alguna, uno de los más graves cometidos por la gestión de Díaz.

Entre otras irregularidades se encuentra, además, el manejo de los recursos de la dirección de Trabajo Penitenciario y la poca claridad en el reparto de las horas extras. Pero lo que más afectó al común del agente penitenciario fueron sus políticas extremadamente garantistas, donde todos los beneficios y derechos fueron atribuidos a los internos. Fue el responsable de que hoy los internos sean virtualmente los que conducen las cárceles, perdiendo todo valor y toda norma, convirtiéndose en lugares donde la reeducación y la inserción en la sociedad resultan prácticamente imposibles.

Algo que los penitenciarios tienen muy presente es al nombrado “Mano Negra”, lacayo de Díaz y encargado de los negocios más turbios, tales como la compra de numerosas hectáreas de campo que Díaz adquirió durante su gestión. Es por ello que los empleados comentan que Vidal debería comparar su declaración jurada del 2005, cuando asumió como jefe de la fuerza, con la del año 2009, cuando término su mandato.

Basta con mirar las redes sociales, donde interactúan los penitenciarios, para ver el descontento que generó este nombramiento polémico por parte de la gobernadora macrista. Hoy, la elegida de Mauricio Macri está perdiendo los miles de votos que recibió por parte de la fuerza y que veían en ella un cambio. Muchos creen que difícilmente vuelvan a darle su apoyo en el 2017.