SERVI TRINITATIS: RECHAZAN NULIDAD Los querellantes defienden la difusión de la causa judicial

Cruce: en los escritos judiciales, el abogado Gebruers responde las acusaciones que implícitamente llevaba el pedido de nulidad. La respuesta de los querellantes dio lugar a una polémica sobre la publicidad de los procesos penales.
El abogado Omar Gebruers, patrocinante de los querellantes en la causa judicial contra los curas españoles Antonio Martínez Racionero y Ricardo Latorre por las prácticas del instituto católico Servi Trinitatis, rechazó el pedido del nulidad presentado por el defensor de los sacerdotes.

El abogado Francisco Marull -defensor de Martínez y Latorre- pidió la nulidad de la causa ante la jueza Florencia Maza. Los curas están acusados de reducción a la servidumbre y estafa por ex internas y familiares de internas del instituto.

En la respuesta judicial, Gebruers dice que es improcedente la nulidad. Porque el pedido de Marull es por la publicidad de las declaraciones de los testigos. Y esto no es un motivo para una nulidad: “Los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieren observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad”.

Agrega: “Si la ley no conmina con nulidad la inobservancia de sus disposiciones en forma expresa, sea con criterio específico o con un criterio genérico, la formalidad inobservada no se considera esencial. Por lo tanto, no será posible aplicar la sanción de nulidad”.

Marull responsabilizó a Gebruers por la difusión de los testimonios. En respuesta, el abogado querellante le puso como ejemplo las apariciones públicas del cura español Arturo Saiz Santos, de Servi Trinitatis Lomas de Zamora, que salió a defender a los curas y al instituto secular por los medios.

También mencionó la difusión de críticas a los medios y de un anónimo realizada a través de una página web que se denomina “La Página de la Iglesia Pampeana”, vinculada con el caso Servi Trinitatis.

Gebruers al citar la postura de Marull dice: “Concretamente nos cuenta el Señor Defensor, que se reflejan en los diarios, los testimonios que obran en la causa, en forma literal, lo que definitivamente resulta ineficaz para generar violencia en quien deba juzgar y para vulnerar las garantías que deben primar en todo proceso penal”.

Ocultar no es mentir

Omar Gebruers cita una de las consignas que los padres Antonio Martínez y Ricardo Latorre imponen entre los fieles de Servi Trinitatis: “Ocultar no es mentir”. Entre otras cosas, justificaban así ocultar la pertenencia a ST a los padres y familiares, además de las conductas y prácticas a que eran sometidas las internas o los captados.

“Esta conducta resulta semejante a la de los abusadores de menores, que imponiendo el miedo al castigo físico obligan a sus víctimas a no comentar a los mayores sobre tales aberrantes hechos y también resulta asimilable a la pretensión de la defensa, de que se mantenga el secreto de las actuaciones, para que la sociedad no pueda tomar conocimiento de los elementos que se agregan en la causa. Esto, Señor Juez, es clandestinidad y oscurantismo, características que se ha comprobado, reúne la organización investigada”, dice Omar Gebruers.

Publicidad del proceso

También el abogado querellante desarrolla la tendencia de la publicidad del proceso penal, como garantía del control ciudadano. “Innumerables resultan los comentarios y opiniones sobre la publicidad del proceso penal, de parte de diferentes profesionales del derecho, jueces, fiscales, etc. Todos ellos coinciden en la necesidad de que la ciudadanía conozca el trámite de algunas causas, especialmente las que ventilan cuestiones con profunda relación con la sociedad”, dice Gebruers.

“El único profesional del derecho con opinión contraria que he hallado es el Dr. Francisco MARULL, evidentemente para evitar por alguna razón, el conocimiento público de la verdad”, disparó Gebruers. Es también un dardo para la jueza Florencia Maza, quien se expresó contraria a la difusión de las causas judiciales en etapa de instrucción.

Gebruers profundiza esta controversia, recordando la modificación del artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación, cuyo texto modificado señala: “‘Cuando se investiguen delitos de acción penal pública tipificados en los Títulos VII Delitos contra la Seguridad Pública, VIII Delitos contra el orden público, IX Delitos contra la seguridad de la Nación, X Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, XI Delitos contra la administración pública, XII Delitos contra la fe pública del Código Penal y en los Delitos de Lesa Humanidad, cualquier persona podrá acceder al contenido del sumario, conforme el procedimiento que establezca la reglamentación que por acordada dicte la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Menciona en los fundamentos la doctrina contra el oscurantismo procesal. Agrega que la CSJN sentenció que el “secreto de sumario penal tiene carácter excepcional, y solamente puede imponerse en aquellos casos y dentro de las condiciones que las normas legales reglamentarias establecen, ello deriva de la publicidad de los actos que caracteriza a la forma republicana de gobierno”.

Gebruers por su lado señala: “La publicidad de las decisiones judiciales es un hábito largamente arraigado en las democracias consolidadas. Permite fortalecer la confianza pública en las instituciones -si las decisiones judiciales son vistas como justas y razonables-; opera como elemento disuasorio de las conductas antisociales que son objeto de castigo y, finalmente, la transparencia fomenta el espíritu de responsabilidad en los funcionarios que administran justicia. De esta manera, la exigencia de publicidad se convierte en una garantía de control democrático sobre el funcionamiento del Poder Judicial, dado que como afirma Eduardo Couture, ’el pueblo es el juez de los jueces’”.

Comentá la nota