Las intendencias apenas logran cobrar puntualmente el 50% de los planes adjudicados, pero el Gobierno les descuenta la totalidad de ellos a través de la coparticipación. Si las cuotas pasan de 100 a 500 pesos, la morosidad trepará notablemente.
De acuerdo a la información brindada por los distintos entes, federaciones o bancadas que agrupan a la mayoría de los gobiernos locales del interior provincial, el índice de cobrabilidad de estas cuotas promedia el 50%, entre todas las jurisdicciones.
Sin embargo y como contrapartida, a cada intendencia la Provincia les descuenta todos los meses de su coparticipación el dinero correspondiente a la totalidad de las viviendas que se hicieron en cada jurisdicción con la operatoria Fovicor.
Si actualmente muchos municipios apenas logran cobrar el 50% de los planes, con cuotas mínimas que oscilan entre 100 y 150 pesos y el resto de los aportes deben hacerlo de sus propios presupuestos, un incremento del 400% como contempla el proyecto oficial pondría en jaque a numerosos jefes comunales.
Para cualquier intendente no será lo mismo pasar de un descuento mensual de 20 mil pesos de coparticipación por el equivalente a 200 casas de adjudicatarios incumplidores (a razón de 100 pesos por vivienda) a la friolera de 100 mil pesos, si los legisladores aprueban actualizar las cuotas mínimas a 500 pesos.
Si se da la aprobación de esta ley con el fin de obtener recursos para reactivar los planes de viviendas provinciales Fovicor, los intendentes de la mayoría de los pueblos cordobeses se verán ante la cruel disyuntiva de iniciar juicio de desalojo contra centenares de adjudicatarios morosos o como contrapartida, subsidiar con el presupuesto municipal el pago de estas viviendas ejecutadas hace ya varios años, por administraciones anteriores de otros signos políticos.
Muchos de estos funcionarios municipales piensan con lógica que si con cuotas mensuales de 100 pesos, apenas pagan en término el 50% de los beneficiarios, con la obligatoriedad de pagar 500 pesos, la morosidad trepará a niveles alarmantes.
En los Foros de Intendentes de la UCR y del Frente Cívico ya se analiza con mucha preocupación este tema y habría consenso en trasladar ante la Mesa Provincia-Municipio una firme oposición a la sanción de esta ley, porque condicionará seriamente el funcionamiento de los gobiernos locales.
El razonamiento común que impera entre los jefes comunales no oficialistas es que el gobierno de José Manuel de la Sota pretende reactivar los planes de vivienda en Córdoba a costa de las finanzas municipales, que serán las que deban responder obviamente ante el no pago de los adjudicatarios.
La Provincia sabe que es muy difícil cobrar las cuotas una vez que se entregan las casas y por esta razón siempre exige la garantía de la coparticipación que reciben las intendencias.
Los jefes comunales también conocen en detalle esta situación pero muchas veces la aceptan porque la demanda de planes habitacionales constituye desde hace varios años el principal reclamo que existe en sus respectivas comunidades.
Aunque más de medio centenar de municipios han puesto en marcha con gran éxito círculos cerrados para la construcción de viviendas destinadas a la claee media, estas operatorias siguen siendo insuficientes y dejan al margen a sectores menos pudientes que sólo pueden abonar cuotas mínimas.
En este contexto y teniendo en cuenta la realidad actual de muy baja cobranza en las cuotas de planes habitacionales, sólo un acuerdo institucional entre la Provincia y los municipios permitirá relanzar los proyectos de vivienda tan requeridos por la gente, sin asfixiar a las intendencias con el cobro obligatorio a través de los recursos de coparticipación que reciben mensualmente.
Comentá la nota