Serían juzgados en Santa Rosa los once represores

Los once represores pampeanos acusados de delitos de lesa humanidad por su participación en el grupo de tareas de la Subzona 14 durante la última dictadura militar, serían juzgados en La Pampa si esta semana prospera una resolución del Tribunal Oral Federal número 6 de la Ciudad de Buenos Aires que trasladó la responsabilidad a su par santarroseño.
De acuerdo a fuentes judiciales consultadas en Comodoro Py 2002, el 12 de junio los jueces del TOF 6 firmaron una resolución por la cuál ese tribunal se declara incompetente para juzgar a los represores de la Subzona 14 al considerar que esa tarea la podrían llevar a cabo sus colegas pampeanos. El TOF de Santa Rosa está integrado por los jueces Jesús Los Arcos Vidaurreta y José Triputti, mientras que el tercer cargo es por ahora subrogado.

Los voceros indicaron que desde la firma del escrito había 10 días hábiles para que el dictamen quedase firme, y que ese plazo vencería a fines de esta semana. La única posibilidad de que el proceso no recaiga en el TOF pampeano es que alguna de las partes involucradas –según las fuentes hubo entre 15 y 18 notificados–, recurran o impugnen la medida antes de que venza el plazo.

Fundamentos.

Los jueces del TOF 6 porteño –Julio Panelo (presidente), María del Carmen Roqueta y José Martínez Sobrino– decidieron declararse incompetentes al considerar una serie de argumentos que sopesaron las circunstancias en las que se desarrolló la causa pampeana. Observaron, en sus fundamentos, el tiempo que demandaría cumplir con traslados, la puesta en marcha del juicio y realizar más declaraciones anticipadas. Los magistrados consideraron también que se juzgaría mejor a los acusados en el lugar donde ocurrieron los casos de violaciones a los derechos humanos, para ponerlos en debate en su contexto histórico y geográfico.

En su momento, el Juzgado Federal de Santa Rosa había decidido no investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en la provincia y remitir las actuaciones al juzgado que investigaba la causa madre, la que englobaba a todas las jurisdicciones militares bajo el comando del Primer Cuerpo del Ejército. Se amparó para esa determinación en una acordada de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora, los jueces consideraron que están dadas las condiciones para que las "hijuelas" –los desprendimientos de la megacausa madre–, puedan ser juzgadas en los lugares donde sucedieron los hechos investigados. Los integrantes del Tribunal 6 habrían indicado que se reconoce el núcleo común de todas esas causas, la del Primer Cuerpo, pero que cada una tiene autonomía para ser abordada en sus lugares de origen. Los integrantes del Tribunal 6 habrían indicado que la acordada de la CSJ habría perdido su razón de ser ante el paso del tiempo y los caminos que siguieron cada uno de los desprendimientos. En el escrito, según las fuentes, los magistrados habrían explicado que no se puede mantener "caprichosamente" la acordada de hace 10 años.

Ultimos pasos.

Ahora, de prosperar la resolución, la única posibilidad de que no se juzgue el caso en La Pampa es que el tribunal santarroseño no acepte la competencia, lo que generaría una contienda entre juzgados.

Las fuentes judiciales explicaron que todo lo investigado, tanto por el Juzgado Federal 3 a cargo de Daniel Rafecas, las medidas tomadas por el TOF 5 –que fue el encargado del proceso en un primer momento– y, finalmente, el TOF 6 desde hace unos meses, "no perderán su valor, ni tampoco se pone en duda las medidas tomadas hasta el momento. Todo lo actuado es válido, a pesar del pase de competencia".

De no ser impugnada la resolución tanto por las partes querellantes como por los abogados defensores, a fines de esta semana se remitirá la causa al TOF santarroseño y comenzarían a correr los plazos para que se lleve a cabo el juicio oral y público contra los once acusados en Santa Rosa.

Los acusados.

En La Pampa se encargó de la represión ilegal –o de la llamada "lucha contra la subversión"– el grupo de tareas de la Subzona 14, dependiente del Primer Cuerpo del Ejército, encabezado por oficiales del Ejército y con la mano de obra de la policía provincial. La causa que investigó estos hechos se reabrió en 2003 cuando se derogaron las "Leyes del Perdón" y fueron nuevamente detenidos varios de los represores que habían sido investigados durante 1984 en La Pampa por haber cometido secuestros y torturas contra detenidos políticos entre 1976 y 1983.

Actualmente hay once procesados y todos permanecen en libertad a la espera del juicio, luego de la resolución que tomó el juez federal Daniel Rafecas. Están acusados de 28 casos de privación ilegítima de la libertad y tormentos, en diferente proporción cada uno. Son los ex oficiales de policía Roberto Fiorucci, Hugo Marenchino, Roberto Constantino, Néstor Cenizo, Carlos Reinhart, Oscar Yorio, Athos Reta y Omar Aguilera, y los ex militares Fabio Iriart, Oscar Cobuta y Néstor Greppi. Por su parte, el ex coronel Juan José Amarante estuvo detenido pero se le declaró la falta de mérito, el ex oficial de policía Roberto Escalada –que llegó a estar procesado– falleció en 2008 y el ex coronel Luis Enrique Baraldini se fugó del país a Bolivia y no pudo ser todavía arrestado.

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