''Sería muy bueno que los concejales piensen muy bien antes de emitir un dictamen respecto a la ley''

La secretaria de ARLIBA y directora de la Radio de San Pedro aseguró que las radios del interior no están dentro de la ley como una categoría jurídica diferente, y con la implementación de la nueva norma algunas deberán dejar de funcionar. Asimismo expresó que los concejos deliberantes tuvieron posturas diferentes en cada una de las ciudades respecto a este tema.
Según explicó, con la implementación de la nueva ley habrá radios que quedarán y otras que no, por lo que se seguirá buscando que sean reconocidos los derechos adquiridos de las radios que hay en ciudades de pocos habitantes. Asimismo indicó que el 33% será adjudicado directamente a organizaciones no gubernamentales, entre ellas las cooperativas de servicios monopólicos, que tendrán más posibilidad de tener opiniones afines al gobierno.

La norma otorga un año de plazo para que los medios "se desprendan" de una cantidad importante de radios, y en el caso de las radios del interior se ratifique o no su continuidad como radiodifusores, expresó. Asimismo dijo que la normativa establece determinados parámetros que se deben cumplir para que la radio pueda seguir funcionando, y en el caso de estas radios cumplen con lo que se pide, por lo que "sería muy difícil, judicialmente hablando, quitarnos una radio".

Sin embargo aclaró que la ley establece un porcentaje de radios que pueden quedar en manos de radios privados de gestión local, y debido a esto en los pueblos donde hay muchas radios se tendrán que seleccionar cuáles quedan y cuáles no. Las emisoras que están en situación de ilegalidad tienen un plazo de un año para regularizar sus trámites y pasar a formar parte del 33% del sector privado, mientras que aquellas que no venden publicidad podrán ingresar bajo otras figuras.

En cuanto al organismo de control indicó que seguirá siendo el Consejo Federal de Radiodifusión, y si bien hubo diputados que quisieron que los gobiernos provinciales también participaran esto no se logró. Según expresó, ARLIBA había propuesto que el control fuera realizado por un organismo bicameral autónomo seleccionado por concurso y que no tuviera la misma duración que los períodos electorales, pero la propuesta tampoco tuvo eco.

Berardi expresó que la nueva ley es denominada ''Ley de comunicación audiovisual" y las que más están en juego son las cadenas de radio y la TV por cable, y expresó que hasta el momento las radios del interior no están dentro de la ley como una categoría jurídica diferente.

En cuanto a lo ocurrido en la Cámara de Diputados sostuvo: "No puedo evitar pensar que los votos en la República Argentina no se siguen cambiando por convicción, sino que hay otras cuestiones que intervienen. Bastaba ver la hinchada que había dentro de la Cámara de Diputados para saber que había mucha gente que cambió su voto a último momento y última hora bajo condiciones por las que algún día la historia los juzgará".

Por otra parte expresó que en cada una de las ciudades las reacciones en los concejos deliberantes fueron diferentes. En San Pedro rechazaron de plano la ley, y en Chascomús, contando el FpV con un solo concejal, se sacó una ordenanza a favor de la ley. Además "hay concejales e intendentes que no participaron del debate y en algunos casos ni siquiera leyeron la ley".

"Sería bueno que todos los concejos deliberantes se interioricen de cuál es el rol que se les ha asignado a las radios de pueblo", aseguró Berardi: "Somos radios que nos dedicamos exclusivamente a brindarle servicios a las poblaciones donde actuamos, y sería muy bueno que los concejales piensen muy bien antes de emitir un dictamen respecto a la ley de servicios de comunicación audiovisuales". Expresó que si la ley es federal los intendentes y el Concejo Deliberante deberían haber formado parte de los foros de discusión para expresar sus puntos de vista.

"Es bastante triste el papel que han jugado hasta el momento nuestros cuerpos colegiados de representación en cada uno de nuestros pueblos", aseguró, y agregó que con la nueva ley peligran puestos de trabajo y también la libre expresión. Finalmente expresó que espera que en el Concejo Deliberante de Saladillo se dé un verdadero debate y se pregunte por qué no fueron consultados.

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