Serenísimo, Néstor llevó promesas a La Serenísima y complicó a Cristina

Serenísimo, Néstor llevó promesas a La Serenísima y complicó a Cristina
Kirchner prometió ayuda del Gobierno para que la empresa pague una deuda de u$s 9 millones. El anuncio, a cinco días de los comicios, viola el Código Electoral. Por infracción, CFK podría ser inhabilitada para ejercer cargos públicos hasta 2019.
El doble comando se trasladó a la campaña. Mientras la presidenta Cristina Fernández centró su raid de apariciones públicas en inauguraciones de obras privadas, es su esposo y candidato a diputado, Néstor Kirchner, quien se ocupa de hacer los anuncios oficiales que están prohibidos por ley en la última semana antes de las elecciones legislativas.

"La Presidenta, antes de salir para aquí, me dijo, enterada de que podía haber una venta de La Serenísima, que podía contar absolutamente con el apoyo del Gobierno nacional", se despachó ayer Kirchner en un acto proselitista en la sede de la empresa láctea, en General Rodríguez.

Ese tipo de promesas oficiales están prohibidas durante los siete días previos a los comicios. En el artículo 64 de la Ley 19.945, el Código Nacional Electoral prohíbe "la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo, y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales".

"El Gobierno viola expresamente la ley, que es amplia y habla de todo tipo de acto que implique la búsqueda de votos", dijo a Crítica de la Argentina el constitucionalista Daniel Sabsay. El especialista fue más allá y dijo que al realizar un anuncio de gestión, el ex presidente hizo una especie de "captura de una investidura que no ha sido adjudicada, lo que sería prácticamente un acto delictivo".

Para el incumplimiento de la prohibición, el artículo 133 bis de la misma norma establece una sanción de inhabilitación de uno a diez años para el ejercicio de cargos públicos. Y el alcance es para "los funcionarios públicos que autorizaren o consintieran la publicidad de actos de gobierno". Es decir: si como dijo Néstor en la planta de La Serenísima, su es- posa Cristina lo autorizó a anunciar el salvataje financiero, sobre ella recaería la pena.

Ayer, el abogado Ricardo Monner Sans denunció a la Presidenta ante la Oficina de Faltas y Delitos Electorales a cargo de la jueza María Servini de Cubría.

La prohibición que fija la Ley 19.945 fue sancionada en junio del 2002, a raíz de los pedidos de reforma política que surgieron después del estallido social del 2001. En rigor, el propio Fernando de la Rúa había enviado al Congreso el proyecto dos años antes, pero no llegó a debatirse sino hasta después de su caída, en diciembre de 2001. "Esta prohibición es una de las pocas cosas que entró dentro de esa reforma política. Y, hasta ahora, no se aplicó ninguna penalidad", sostuvo Sabsay.

En el caso de la Presidenta, ella misma dijo que hace un esfuerzo para mantenerse dentro de la ley. "El gobernador me pide que haga anuncios, pero si los hago me van a denunciar por violar la veda electoral", aclaró la jefa de Estado anteayer en La Rioja, acompañada por el mandatario provincial, Luis Beder Herrera, en la puesta en marcha de una ampliación de la firma textil Kalpakian. En el oficialismo, para reforzar la campaña, concentraron las apariciones de la Presidenta en ámbitos más institucionales y lejos de los cortes de cinta de obras de infraestructura, algo taxativamente penado por la ley. Ayer arrancó a la mañana con el anuncio de que la Argentina organizará la Copa América 2011, luego inauguró en Campana instalaciones de Astilleros SPI-Alnavi y, más tarde, encabezó la presentación de la nueva unidad generadora de electricidad en la planta Genelba de Petrobras, en Marcos Paz. Hoy, viaja a Santiago del Estero a inaugurar la fábrica de galletitas Nutri Santiago, junto al gobernador Gerardo Zamora.

Según Pablo Secchi, director del área Instituciones Políticas y Gobierno de la ONG Poder Ciudadano, estos actos en sedes empresariales están reñidos con la ley. "Si una empresa invita a un presidente para anunciar una inversión o por una inauguración, siempre que no sea con fondos públicos, no sería un acto de gobierno. Sí se

viola la ley si en ese momento se promueve el sufragio hacia alguien", explicó. Ese límite fue cruzado por la jefa de Estado, cuando en una de sus últimas alocuciones llamó a "defender el modelo nacional" y al "voto en defensa propia".

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