El BLP será investigado por pagar los cheques

Flavia Lorena Peñalva, una ex empleada en negro del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, y en menor medida su hermana Marta Mariana, terminaron siendo las únicas responsables penales del fraude contra ese organismo por 624.260,42 pesos.
Eso sí, la Cámara en lo Criminal 1 le dio vista a la fiscalía de turno para que investigue porqué el Banco de La Pampa le pagó a aquella 268 cheques a pesar de que no tenía firma autorizada para librarlos.

La resolución del tribunal, integrado por los jueces Arturo Fresco, Hugo Díaz y Graciela Martín, fue leída ayer luego del juicio oral y público que concluyó la semana pasada. Como la fiscal Susana Alvarez no había acusado a los otros cuatro imputados, la Cámara absolvió a la ex jefa de Contabilidad y Finanzas, Mirta Isabel "Picky" Rodríguez, el ex tesorero Walter Raúl García y dos allegados a las hermanas, el tapicero Víctor Hugo Quaglino y el estudiante Carlos Darío Barraza. Anteriormente ya habían quedado desvinculados otros tres hermanos de Flavia.

Los dos primeros -que fueron los denunciantes del caso- estaban sospechados del delito de malversación culposa por no controlar bien las cuentas del IPAV y los dos restantes de participación secundaria en la defraudación porque le prestaron sus cuentas bancarias a Flavia para que triangulara los fondos públicos.

Este expediente se conoce como "causa madre" dentro de la megacausa del IPAV y fue investigado durante la instrucción por la jueza Verónica Fantini. La Cámara 1 condenó a Flavia Peñalva (36 años) por tres delitos, fraude agravado en perjuicio de la administración pública, falsificación de instrumento privado y falsificación de cheques oficiales, y le dio 3 años y 8 meses de prisión, lo mismo que había solicitado la fiscal Alvarez. Incluso el tribunal dispuso que sea detenida si el fallo quedase firme (su defensora Vanesa Ranocchia recurrirá ante el Tribunal de Impugnación Penal). Aunque ella ya estuvo detenida 272 días, debería regresar al menos 19 meses a prisión para completar los dos tercios de la pena antes de obtener la libertad condicional. El máximo de la pena, por la falsificación de cheques, pudo ser de 15 años.

Marta Mariana (34 años) fue condenada a 3 años en suspenso, y no en forma efectiva como requirió la fiscalía, por el delito de partícipe primaria del fraude. Ella también estuvo presa por orden de Fantini, pero aunque el fallo quedase firme no deberá volver a la cárcel.

Una pericia contable demostró que la principal imputada cobró 201 cheques en pesos, 21 en dólares y el resto en bonos Lecop -durante la convertibilidad, cuando el peso era igual al dólar- para completar los 624.260,42 pesos. La defensa, en cambio, planteó en todo momento que, en el peor de los escenarios, la suma estuvo apenas por encima de los 300.000 pesos.

En la denuncia original, que luego fue ampliada tres veces, Rodríguez y García detallaron que las únicas personas habilitadas para librar cheques de la cuenta corriente 10313/6 IPAV-Foprovi eran ellos dos, el ex gerente general Luis Araniz, Juana Rosa Turri y Ariel Arnaldo Martín.

Por eso fue que en el último párrafo de la sentencia, los jueces dispusieron darle vista al fiscal de turno para que investigue "la presunta comisión de un ilícito penal de quienes (en el Banco de La Pampa) autorizaran el pago de cheques firmados por personas no habilitadas al libramiento".

Peñalva, en el cierre de las audiencias, insistió en que no falsificó firmas ni registros, pero igual pidió perdón, especialmente a sus familiares más cercanos y a su hijo. Su versión fue que a raíz del "corralito", Rodríguez le pidió que abriera una cuenta para recibir su salario y también fondos del Instituto que eran usados para afrontar diversos pagos. Y también que la propia "Picky" le prestó dinero para pagar deudas de juego de su padre.

Una megacausa dividida en tres

La megacausa del IPAV está dividida en tres partes: la "causa madre" (Peñalva y compañía), la "hermana mayor" (donde fueron condenados el ex vicepresidente ejecutivo, Hugo Agüero, y el ex gerente general, Luis Araniz, entre otros funcionarios) y la "hermana menor"(están imputadas cuatro empleadas del Tribunal de Cuentas y debería ser llamado a indagatoria el ex presidente destituido, Natalio Peres). Esta última es la única que aún no fue a juicio.

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