Fany Olmedo, de 23 años; Dolores López, de 26; y Lucía Agüero, de 28, fueron condenadas a 6 años de prisión después de que el tribunal las considerara cómplices del homicidio de seis policías que murieron en el intento del predio Marina Kue, ubicado en Curuguaty, en junio de 2012.

En su sentencia, los magistrados paraguayos consideraron que las tres mujeres condenadas se pusieron al frente de sus compañeros, con sus hijos pequeños en brazos, para crear un ambiente de confianza que ayudara a disuadir a los policías, que iban a desalojarlas de las tierras que ocupaban con el objetivo de integrarlas a la reforma agraria.

“La sentencia expresa un pensamiento machista. Viene a decir que el lugar de las mujeres no es estar al frente de una lucha, ni liderar una manifestación, sino que tienen que tener un rol secundario. Es condenar a las mujeres por reclamar sus derechos”, se quejó Olga González, vocera de las organizaciones. También consideró que el objetivo de la sentencia por el caso Curuguaty busca amedrentar a otras mujeres y darles el mensaje de que, si se organizan, acabarán en prisión.

Por su parte, Perseveranda Duarte, integrante de la Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares (CNOCIP), afirmó que las autoridades dieron un trato criminal a las tres condenadas, una de ellas, López, estaba embarazada al momento de ser arrestada, y dio a luz en la cárcel de Tacumbú.

Además de las tres mujeres, cuatro hombres acusados de homicidio fueron condenados en el mismo juicio a penas de entre 18 y 35 años de prisión, mientras que el resto fue sentenciado a cuatro años de cárcel por invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. La Fiscalía no investigó ni imputó a nadie por la muerte de los 11 campesinos durante la masacre. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Husein, manifestó su preocupación por la sentencia, tras un juicio en el que presuntamente no se respetaron las garantías procesales, según expresó en un comunicado.

Asimismo, la oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que en abril, Paraguay se comprometió a crear una comisión independiente de investigación para esclarecer las denuncias que envuelven el caso. La matanza sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de irregular por organismos como la Unasur y el Mercosur, y de golpe blando por varios medios de prensa nacionales e internacionales.