El fallo refiere al de primera instancia, de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, a cargo Loretta Preska, en el que se consideró que la Argentina violó los términos de la expropiación de la empresa.

La causa se había iniciado por una demanda que originalmente había presentado el grupo Petersen tras la nacionalización de YPF, pero cuyos derechos finalmente terminaron en manos del bufete Burford Capital Limited. Ahora, tras la decisión en segunda instancia contraria a YPF y el Estado argentino, que lo apelará.

“Es un proceso y hay que ir respetando los pasos. Y desde luego, acatarlos. Me refiero a que esto se apeló y no es el fin (de la causa), un rechazo, ni mucho menos: quedan recursos ante la propia Preska, la Cámara y la Corte Suprema de Estados Unidos”, agregó una fuente del Gobierno a Télam.

La decisión de la Corte de Apelaciones del país norteamericano se dio en el marco de una decisión todavía pendiente de la Corte Suprema de dicho país sobre la jurisdicción en la cual se deberá llevar a cabo el proceso, cuestión solicitada por la Argentina, pero según el especialista en finanzas Sebastián Maril la Corte de Apelaciones decidió que la sentencia quede firme sin esperar al máximo tribunal.

Agregó que el viernes la “Argentina presentó una moción de emergencia en la Corte de Apelaciones pidiéndole que reconsidere la sentencia”.

Hasta el momento, el juzgado de Preska determinó que YPF violó las leyes del prospecto determinadas en la privatización de la empresa petrolera, como ser el “first refusal”, la opción para los accionistas minoristas de igualar ofertas en un cambio de manos de las acciones.

Aunque crítico de la operación de estatización de lo que fue la participación de Repsol y de Grupo Petersen en YPF, el Gobierno está en la obligación de defender el interés del Estado nacional, por razones de sus recursos: el juicio iniciado por los accionistas apartados amenazan con un perjuicio de más de u$s 1750 millones más intereses, calculó Maril.

El gobierno de Cristina Kirchner estatizó en 2012 las acciones de Repsol (51%) de las acciones de YPF mientras que Petersen poseía más del 25 por ciento. Luego las sociedades de Petersen que tenían acciones en YPF, quebraron como consecuencia de no haber podido pagar créditos por más de u$s 3000 millones tomados con la petrolera. En la liquidación judicial, se concursaron los derechos al litigio ya iniciado en los tribunales de los EE.UU., y finalmente quedaron en manos de Burdford.