La sentencia no busca obstaculizar proyectos de inversión en nuestro ámbito provincial

El Principio de Seguridad Jurídica no debe ser interpretado en términos que sólo importen observar la presencia de un «buen negocio» para la provincia. Así lo subraya el fallo del juez Javier Muchnik, integrante del Superior Tribunal de Justicia, en la sentencia por la cual se declaró inconstitucional la Ley 774, que daba marco legal al convenio para la venta de gas a la empresa china Tierra del Fuego Energía & Química.
La sentencia fue divulgada por el Poder Judicial en un claro gesto de difusión de los actos públicos que debería ser imitado por otras instituciones del Estado fueguino.

La sentencia no busca obstaculizar proyectos de inversión en nuestro ámbito provincial

El juez Javier Muchnik falló contra la ley del convenio chino. A su lado, el ministro Guillermo Aramburu dijo que la sentencia será apelada.

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USHUAIA.- En el marco de la publicidad de los actos públicos y con la premisa de transparentarlos en hechos que son de suma trascendencia para el devenir político, económico y social de nuestra provincia, el Superior Tribunal de Justicia difundió en forma íntegra la sentencia por la cual se declaró inconstitucional la Ley 774, que daba marco legal al convenio para la venta de gas a la empresa china Tierra del Fuego Energía & Química.

Así se pueden observar interesantes y rescatables conceptos respecto al deber de respeto a la Constitución y al marco jurídico que se ha impuesto en nuestra provincia, sobre todo en lo relacionado al manejo de la cosa pública, cuando ello importa un bien tan preciado como son los recursos naturales.

Más allá de enumerar los artículos de la Constitución Provincial que se vulneraron con la aprobación de la ley por parte de la Legislatura, existen lineamientos de suma importancia que fueron volcados por el juez Javier Muchnik, que fueron compartidos por sus pares María del Carmen Battaini y Carlos Gonzalo Sagastume.

Uno de esos conceptos indica que el Estado tiene la «obligación positiva» de promover «ámbitos de relación en los que la promoción de espacios propicios para la inversión y desarrollo, a los que todos aspiramos como ciudadanos, no permitan la filtración de posibilidades de arbitrariedad en la toma de decisiones».

Puntualiza el doctor Muchnik que el análisis que se hizo sobre la inconstitucionalidad de la ley «no debe ser leído como una construcción valorativa que busque impedir u obstaculizar proyectos de promoción e inversión en nuestro ámbito provincial. El test de constitucionalidad al que ha sido sometida la Ley Nº 774 no contempla en ninguno de sus extremos tal posibilidad».

Un negocio no debe pasar por sobre la ley

Subraya más adelante que si «seguridad jurídica sólo significase analizar matemáticamente una determinada operación convencional entre la Administración y un particular y en consecuencia validarla en tanto arroje un resultado económico o financieramente ventajoso para la provincia, al margen de su adecuada juridicidad, entonces es bien poco lo que la sociedad puede esperar de sus gobernantes».

Puntualiza en otro párrafo del voto del doctor Javier Muchnik que aquí no se trata de «contrastar eficiencia con juridicidad, se trata de que ambos extremos deben estar presentes. Y si lo primero constituye una legítima aspiración de quienes ostentan la augusta misión de administrar y gestionar un patrimonio ajeno, lo segundo implica el proceso o camino que ha sido fijado para que tal meta pueda ser alcanzada».

Desde esta óptica se avizora el primer obstáculo de validez de la norma bajo análisis, por cuanto al carecer de los requisitos esenciales que tipifican a toda ley (generalidad y abstracción), se contrapone a un derecho constitucional elemental, como es el de igualdad ante la ley.

Con la Ley 774 se advierte que, al optarse por la contratación directa, se han vulnerado los principios cardinales, fundamentales o esenciales que rigen el procedimiento de la licitación pública. Tales principios son: el de publicidad, el de igualdad y el de concurrencia

BERTONE DESTACO LA CELERIDAD

La diputada del Frente para la Victoria, Rosana Bertone, dijo que más que «un fallo adverso al Gobierno está es una buena noticia para toda la ciudadanía de Tierra del Fuego», al referirse a la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley Provincial 774 que dio el marco legal para la venta de gas a una empresa china.

Bertone destacó la «celeridad» demostrada por el Poder Judicial, para resolver un asunto de tanta trascendencia en la provincia, porque esto «va a evitar que se cometan atropellos mayores en la provincia», a la vez que calificó de «lamentable» el concepto del derecho que tiene el ministro Guillermo Aramburu, al expresar que el Gobierno podría recurrir la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un recurso extraordinario.

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