Señas de una seria crisis de diseño institucional

Por Adrián Ventura

Al margen del aire fresco que aporta la oposición en el Congreso y de la actuación de la Corte, el país da señas de padecer una seria crisis de diseño institucional, agravada por la sanción de normas arbitrarias. Por eso no puede esperarse que legisladores contrabalanceen semejante descalabro en pocos meses. Hay, en la oposición, voluntad de consenso. Pero la fatiga de las instituciones tiene raíces más hondas:

* El Gobierno seguirá persiguiendo a la prensa cuya línea editorial lo disgusta.

* El Poder Judicial seguirá teniendo un Consejo de la Magistratura maniatado, cuya reforma requiere una ley sancionada por la mayoría absoluta de cada cámara (artículo 114 de la Constitución).

* El país seguirá siendo inseguro, sin que políticos, fiscales, policías y jueces hayan mostrado ideas claras para solucionar ese problema.

* El Poder Ejecutivo seguirá concentrando una fuerte dosis de poder que nuestro sistema hiperpresidencialista le permite acumular.

* El Gobierno logró la prórroga de la ley de emergencia, para renegociar contratos y tomar medidas de excepción.

* La presidenta Cristina Kirchner podría vetar las leyes que el Congreso sancione por impulso de la oposición. El Gobierno no parece preocupado por la legitimidad de ejercicio. Pero ese deterioro político no solucionará los inconvenientes que encontrará la oposición cuando, tras el veto presidencial de una ley, deba reunir dos tercios del total de los legisladores de cada cámara para confirmar como ley la norma vetada.

* El Poder Ejecutivo mantendrá las atribuciones que le da la ley de administración financiera, las decisiones administrativas que dicta el jefe de Gabinete y los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

* La ley 26.122, de control de DNU, establece en el artículo 22 que el Congreso, para derogar el DNU, debe rechazarlo con el voto de ambas cámaras. Si el Congreso no los puede controlar, no se puede esperar que lo haga la Justicia.

* Si la oposición quisiera reformar la ley que estableció el control de DNU, y que fue sancionada a instancias de este gobierno para diluir un control efectivo, tampoco podría hacerlo con facilidad: según el artículo 99, inciso 3, sólo puede ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. La corrección de estas deficiencias de diseño institucional requiere una acción del Gobierno y de la Justicia, por un período superior a lo que falta para 2011.

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