El gobierno es responsable, porque este organismo depende directamente del Ejecutivo, al que también le fallaron los organismos de control", alertó. "La estafa no es sólo contra la provincia, es contra todos los entrerrianos que puntualmente pagan el impuestazo.

Los funcionarios deben responder claramente sobre estos hechos y disipar si se circunscriben sòlo a los dos útimos años. Un vistazo sobre un tiempo más prolongado saldaría dudas, porque quizás estamos ante un desfalco varias veces millonario", evaluó Chemes. "Hay funcionarios que alardean en los medios sobre su poder de control. Sin embargo este fraude salta por accidente. Sería ejemplar que el gobierno empuje la investigación más allá del acto administrativo fraudulento, establezca el perjuicio para la provincia e indague qué otras empresas son admnistradas por el mismo estudio contable que pergeño estas maniobras", pidió el diputado nacional (mc).

 "No alcanza conque algunos se vayan cuando salta el robo, ni que el gobierno encubra a las empresas amparándose en el secreto de sumario porque los morosos o los intimados de la ATER no gozan del beneficio del secreto, aún cuando en la mayoría de los casos, los que no pagan, es porque no pueden", contó Chemes que son insistencia ha denunciado que los pequeños productores "están endeudados o venden bienes de capital" para poder cumplir con los impuestos.

 "Este caso puede ser un hecho que por sus graves características obligue al Ejecutivo a desandar el camino que ha elegido para los organismos de control que deben darle garantías a los entrerrianos y no al gobernador. La Contaduría, el Tribunal y la Tesorería deben ser resortes independientes que ayuden al gobierno en la transparencia de sus cuentas, porque los fondos públicos son de los entrerrianos y la buena recaudación habla bien de los vecinos, no de la administración".