Señalan que diez grupos empresarios se reparten el 64% de la merluza

Dicen que la violación del 10% de concentración tiene que ver con que varias entidades pertenecen a mismos grupos societarios. Además, alertan que una tendencia similar se observa en la asignación de la cuota por buque.-
Ante la nueva normativa que establece cuotas de captura para la merluza, desde el Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (Cedepesca) observaron que diez grupos empresarios, entre un centenar de firmas, concentran el 64% de las asignaciones directas. Si se incluyen las diez empresas siguientes, la asignación directa la cifra llega al 80%.

Una tendencia similar –destacaron a través de un comunicado- se observa en el análisis de las asignaciones por buque: "50 buques entre 219 –lo que representa un 24%- atraen el 53% de las asignaciones.

"El sistema, así, parte con un escenario bastante concentrado, donde habrá seguramente una presión sostenida para comprar buques y cuotas de la primer empresa, grande o pequeña, que se encuentre enfrentando dificultades financieras", sostiene el escrito firmado por el presidente de la entidad, Ernesto Godelman, quien señaló que "la sobre-capacidad pesquera es todavía un problema no resuelto, por lo que el proceso de concentración continuará desarrollándose".

"El supuesto límite del 10% de concentración de cuotas –comprendió- podría ser violado fácilmente por la existencia de varias empresas en manos de un mismo grupo societario".

La institución planteó que las proporciones entre las distintas flotas quedaría regida por un 72% para la flota fresquera, un 25% para la flota procesadora y un 2,5% para flota langostinera. En este sentido, comprendieron que "se ha hecho un esfuerzo para ajustar la asignación al esquema vigente (con variaciones) desde 2001, y que ha probado ser estable, más allá de la dudosa legalidad de algunos permisos, e incluso de algunas capturas históricas declaradas".

Desde Cedepesca no ocultaron su preocupación por algunas temáticas que, sugieren, se da por la falta de debate público. Dijeron que, en primer término, no se establece el criterio de reparto de la cuota social y que no se diferencian los stocks en la asignación de cuotas. "Lo que podía admitirse como provisional en un régimen de emergencia, no es admisible en un régimen permanente como el que se intenta poner en marcha ahora", determinaron al respecto.

"Si claramente tenemos dos stocks y se establecen dos capturas máximas permisibles diferentes, donde una de ellas debería ser compartida con Uruguay, no es admisible sumar ambas CMPs para generar una única cuota", explicaron luego.

Los efectos, afirmaron, son conocidos: "Si la pesquería al sur del paralelo 41 no se cierra cuando se llega a la CMP, hay sobrepesca; pero si se cierra, muchos podrían encontrarse en situación de no poder capturar sus ‘previsibles’ cuotas anuales, lo cual puede crear incluso planteos legales", argumentaron.

Además, denunciaron que la pesca no se la distribuye por trimestres: "Si no se establece la restricción de cuotas trimestrales, la sobrecapacidad pesquera tenderá a capturar la cuota anual en los primeros meses, y luego se intentará ejercer presión política y social para multiplicar los peces".

A su vez, plantean que un 0,5% de descarte "no resuelve el problema de la interacción con la flota langostinera ni el propio descarte de la flota merlucera". "Esto deja sin resolver el problema de las capturas de merluza no declaradas de la flota langostinera, que incluso pueden constituirse un obstáculo para la continuidad de sus exportaciones a la Unión Europea, tras la puesta en ejecución del Reglamento 1005/2008 que combate la pesca ilegal y no declarada", anunciaron.

Por último, marcaron su preocupación por la falta de informes, durante el 2009, del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep). "Esto afecta la base misma del sistema, al no poder establecer con rigurosidad capturas máximas permisibles", advirtió Godelman.

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