“La profanación de la bóveda y de los restos mortales de quien fuera tres veces presidente de la Nación, elegido por el pueblo, figura máxima del movimiento peronista y que con su accionar inteligente, puesto al servicio de los desposeídos a quienes llevó a disfrutar de una Patria con Justicia Social y equidad, resulta un hecho gravísimo que no puede quedar impune”.

Con esas palabras, senadores peronistas pertenecientes a distintos bloques, le piden al presidente Mauricio Macri ayuda para obtener información sobre la causa en la que se investiga el robo de las manos del general Juan Domingo Perón, ocurrido en 1987. Además los legisladores pretenden lograr la remisión de la investigación al fuero federal y que se aplique la ley antiterrorista a los mutiladores del cuerpo del ex presidente.

El proyecto de comunicación, que lleva el número 1916/16, fue presentado el 1 de junio por el senador Adolfo Rodríguez Saá, con el acompañamiento representantes de distintas bancadas, como Miguel Ángel Pichetto, Rodolfo Urtubey, Omar Perotti y Juan Manuel Abal Medina, del PJ-Frente para la Victoria; el ex presidente Carlos Menem; el delasotista Carlos Caserio, de Alianza Unión por Córdoba; Alfredo Luenzo, de Chubut Somos Todos;Guillermo Pereyra, del Movimiento Popular Neuquino; la puntana Liliana Negre de Alonso; el salteño Juan Carlos Romero; el santafesino Carlos Reutemann; yPino Solanas, entre otros.

El texto comienza con el relato del hecho ocurrido en junio de 1987, cuando “desconocidos forzaron la bóveda de la Chacarita donde reposa el cuerpo de Perón, violaron su féretro y mutilaron – sustrayendo sus manos – el cadáver”. “Quienes más investigaron e hicieron públicos sus trabajos, y sin perjuicio de lo que obre en la respectiva causa judicial, creen que el macabro hecho fue obra de agentes inteligencia en conjunto con una facción militar”, explica.

De acuerdo con la iniciativa, a lo largo de los años, la investigación se topó con “decenas de pistas falsas sembradas” y “muertes dudosas de varias personas involucradas”, que hicieron posible que la profanación de la tumba quedara impune. El texto menciona la intervención que tuvieron en la causa, entre otros, el por entonces jefe de la ex SIDE, Facundo Suárez, el ex jefe de la Policía Federal, Juan Ángel Pirker, el primer juez del caso, Jaime Far Suau, el ex presidente Raúl Alfonsín, y el juez Alberto Baños -todavía a cargo de la investigación - quien en 2008 fue víctima del golpe de un grupo comando que irrumpió en su casa para robar los expedientes del caso. También abunda en detalles sobre investigaciones que descartaron las hipótesis de prácticas esotéricas, las vinculaciones con logias y el robo con fines de obtención de un rescate económico.

“La profanación se trató de una sofisticada operación política tendiente no solo a perjudicar al partido entonces gobernante – que venía de graves problemas en el frente militar con los levantamientos de Semana Santa, entre otros – y a la vez provocar un clima de revulsión en el justicialismo que, frente al bárbaro atentado, no pudo mantener una reacción uniforme y paradójicamente, tampoco conducente a esclarecer el hecho”, dice el proyecto.

En ese contexto, de acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, “el hecho en cuestión causó suficiente estupor público” y, al mismo tiempo “condicionó al gobierno de aquel entonces”, lo cual justifica subsumirlo bajo el fin de `aterrorizar a la población´, del artículo 41 quinquies del Código Penal, que deriva de la modificación introducida por la ley 26.734”, conocida como ley Antiterrorista. Además, al considerar que el delito cometido encuadra en aquel que "ofende la soberanía y la seguridad de la Nación" o tiene por objeto estorbar o falsear las elecciones nacionales - en referencia a las del año 1987, que se vieron supuestamente perturbadas por el hecho- los firmantes piden la remisión al fuero federal, por imperio del artículo 33 inciso C del Código Procesal Penal.   

“Toda vez que el hecho investigado por sí solo constribuyó a crear un estado de confusión y conmoción social, con el claro fin de perjudicar a las instituciones democráticas, por imperio del artículo 41 quinquies del Código Penal y el artículo 33 del Código Procesal Penal, arbitre dentro del marco de su competencia las medidas tendiantes a la remisión inmediata de las causas al fuero federal”, solicitan los senadores en el proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo.