En el Senado también piden la interpelación de Aníbal F.

La primera firma es la de Hilda "Chiche" Duhalde. Una picardía del peronismo disidente del Senado. Fue ella, durante años y años, la jefa política de Aníbal Fernández, "un duhaldista portador sano", según su propia definición.
El nombre de la esposa del ex presidente encabeza entonces un proyecto de resolución que resuelve citar al jefe de Gabinete para que sea interpelado por la Cámara Alta por haber desobedecido la orden judicial de desalojo de la sede central de los Aeronavegantes. Este proyecto acusa a Aníbal F. de "violación del principio de separación de poderes".

Este es el último de una serie de frentes abiertos que deberá enfrentar el funcionario del bigote. Su desobediencia a la orden de desalojo dictada por el juez José Sudera produjo que sea denunciado judicialmente por el propio magistrado, y también por abogados y dirigentes de la oposición.

El mismo Fernández admitió en su momento haber interferido en el trabajo de la Policía Federal para evitar que la lista oficialista de los Aeronavegantes, derrotada en elecciones según dictaminó Sudera, sea obligada a abandonar el edificio del gremio. Ahora no solo debe enfrentar las denuncias judiciales en su contra sino también el embate de la oposición peronista del Senado.

Además de su ex jefa "Chiche" Duhalde, son varios los legisladores del PJ que firmaron el proyecto de resolución basado en una "moción de censura" para que el funcionario se presente en el Congreso a dar explicaciones por su accionar: Juan Agustín Pérez Alsina (Alianza Frente para la Victoria-Salta); María José Bongiorno (Alianza Frente para la Victoria-Río Negro); Liliana Negre de Alonso (Alianza Frente Justicialista-San Luis); Adolfo Rodríguez Saá (Alianza Frente Justicialista-San Luis); y Sonia Escudero (Alianza Partido Justicialista-Salta).

El juez Sudera había denunciado a Fernández por no haber cumplido su orden, y enmarcó esa acción en el delito de "desacato de autoridad". Otros denunciantes de Fernández fueron los abogados Ricardo Monner Sans y Enrique Piragini, quienes basaron sus escritos jurídicos en la supuesta interposición de poderes que habría cometido el jefe de Gabinete.

La diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich, en cambio, pidió que la Justicia investigue si Aníbal cometió "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

Las denuncias se unificaron y ahora descansan en el juzgado federal número 4, a cargo de Ariel Lijo.

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