El Senado no les paga a 7 trabajadores discapacitados

El Senado no les paga a 7 trabajadores discapacitados
Son empleados legislativos y no cobran desde diciembre por demoras administrativas. Prometen saldar la deuda.
En la administración pública de la provincia se pagan los sueldos al día, al menos en casi todos los casos. Una de las excepciones son un grupo de jóvenes discapacitados que trabajan en la Legislatura y hace dos meses que no cobran sus haberes.

Se trata de hombres y mujeres que realizan distintas tareas administrativas en el Senado y que ingresaron a través de un convenio de inserción laboral iniciado por la gestión anterior y ratificado por el vicegobernador Cristian Racconto.

En total son 10 personas las incluidas en el programa, de las cuales tres fueron contratadas. El resto sigue trabajando, pero no cobran desde diciembre. “Nosotros seguimos trabajando y cumpliendo los horarios como corresponde. Pero no nos dan respuesta y hace dos meses que no cobramos. Hemos intentado hablar con el Vicegobernador pero no hemos podido. Esto nos tiene muy desilusionados”, contó una de las mujeres que trabaja en la Legislatura.

Desde el Senado aseguran que la demora en el pago se debe a problemas administrativos del Ministerio de Desarrollo Humano. Pero, dijeron ayer, ahora se harán cargo de la parte que les toca y en los próximos días se haría efectivo el pago.

Todo el grupo de personas que está sin cobrar fueron incluidos en un convenio firmado por el Senado y la Dirección de Discapacidad de la Provincia. La intención era insertar a personas con discapacidad en ámbitos laborales. En los papeles figuran como pasantes y originalmente el Senado les pagaba 700 pesos y la Dirección de Discapacidad otros 200.

La idea era que el empleador (en este caso el Senado) los tomara como trabajadores efectivos luego de un tiempo. En diciembre el convenio se venció. Todos siguieron trabajando, pero nunca cobraron.

“Siguieron cumpliendo horarios y nadie les da una respuesta. Pensamos que no se quieren hacer cargo. Son personas responsables y excelentes. Es muy grave lo que pasa; no tienen seguro, ni obra social y encima ahora no les pagan. Hay chicos que necesitan comprar medicación”, denunció Estela Maris Rodríguez, de la organización Aspil.

La noticia no cayó bien al vicegobernador Racconto, quien intenta potenciar su perfil solidario.

“Nosotros no nos quejamos, pero hemos intentado hablar con el Vicegobernador y no nos lo han permitido. Incluso le hemos llevado notas de agradecimiento, pero no tuvimos respuesta”, contaron los involucrados, quienes evitan hablar de discriminación. Pero sí dicen haberse sentido “apartados” de muchas actividades.

La ley 5.041 establece que al menos 4 por ciento de los empleados de la administración pública deben ser discapacitados, pero esa norma no se cumple. “En la Casa de las Leyes no se respetan las leyes”, denuncian los afectados. En el Senado, las 10 personas incluidas en el convenio hacen distintos trabajos, adecuados a sus posibilidades. “Quieren que bajemos los brazos y no volvamos a trabajar. Nos hacen sentir como que no quieren que estemos acá. Todas las semanas hay una promesa nueva que no se cumple”, aseguraron.

El viernes pasado se había anunciado la firma del convenio para rehabilitar las pasantías. Pero el acto se suspendió. “El convenio está renovado de hecho. Como hay demoras por el desdoblamiento de la Dinaadyf, el Vicegobernador tomó la decisión de pagar la parte que le corresponde al Senado. Es entendible la situación, pero lo vamos a solucionar”, aseguró Mariano Godoy Lemos, secretario legislativo.

Los Andes intentó ayer hablar con Racconto, pero fue imposible.

A través de una resolución del Senado, los discapacitados podrían ser incorporados a la planta de personal. Este año fueron sumados tres, y el resto lo hará en años siguientes. Pero lo harán a la planta temporaria, pues para pasar a planta permanente les piden que rindan examen.

Comentá la nota