En el Senado Nacional buscan derogar el aumento de hasta 200% en la tarifa de gas

En el Senado Nacional buscan derogar el aumento de hasta 200% en la tarifa de gas
El senador nacional Juan Pérez Alsina presentó un proyecto de ley por medio del cual se modifica el artículo 9 de la Ley 25.561, sobre la renegociación de contratos, y la derogación del decreto 2067/08 en el caso del aumento de las facturas de servicios de gas.
A través de éste proyecto, se pretende recuperar las facultades propias del Parlamento que fueron delegadas a través de la ley 25561, modificando su artículo 9. Por medio de esta modificación se establece un nuevo régimen de renegociación de contratos evitando delegaciones excesivas.

Asimismo se deroga el decreto 2067/08, que adolece de inconstitucionalidad, segun el legislador nacional salteño

Muchas familias y empresas recibieron sus facturas de gas con aumentos de hasta el 200%, debido a cargos que impuso el Gobierno nacional.

A través de este decreto, el Poder Ejecutivo Nacional decidió modificar el modo en que se financiaba la importación de gas, imponiendo un supuesto "cargo tarifario" que deberán abonar los usuarios residenciales de mayor consumo y los usuarios industriales y comerciales.

Entre 50 y 200%

Según lo trascendido en algunos medios de comunicación, esos aumentos se aplicarían a usuarios residenciales que consumen anualmente mas de 800 m3, lo que equivale al consumo de cualquier familia tipo que utilice una cocina, un calefón, y al uso de un calefactor solo en los días más fríos de invierno, y conllevaría un reajuste de entre 50 y 200%.

En varios barrios salteños, donde coexisten altos índices de pobreza, indigencia y necesidades básicas insatisfechas, existen viviendas plurifamiliares que cuentan con un solo medidor de gas. Estas familias son agrupadas por el INDEC como familias con Necesidades Básicas Insatisfechas, pero por la empresa prestadora del servicio de gas es considerada Residencial 3.

Por otra parte, la crisis económica ha provocado la disminución de la actividad industrial, y el aumento en los costos en dicho sector generaría grandes pérdidas de fuentes de trabajo.

Durante los años en los cuales la economía nacional se vio en mejores condiciones, lográndose los mayores niveles de crecimiento sostenido y disminución del desempleo, el gobierno nacional congeló las tarifas de los servicios públicos y los precios de la producción nacional de gas en la boca de los pozos.

Con la aparición de la actual crisis económica mundial, el gobierno nacional decidió modificar tal política, comenzando por sincerar el problema en materia energética, como así también que no había un manejo claro en materia de subsidios a las importaciones de gas.

Desde septiembre de 2008 se sucedieron tres aumentos consecutivos de gas, el primero de ellos se dispuso en aquel mes por resolución 1070/08 de la Secretaría de Energía, en dicha resolución se promocionó la medida como el camino para subsidiar la garrafa social de $16 mediante un acuerdo con los productores de gas.

El segundo aumento lo otorga la misma secretaría por resolución 1417/08 que encareció las tarifas para alentar la alicaída producción de gas en las cuencas argentinas.

El último incremento, se impuso por el decreto 2067/08 que creó un fondo fiduciario para pagar las importaciones de gas, que pagarán los usuarios residenciales afectados, las pequeñas y medianas empresas, el comercio y las industrias.

Con respecto al último decreto mencionado, Pérez Alsina señaló que su constitucionalidad es muy dudosa, lo cual se ha reflejado inmediatamente en la gran cantidad de amparos presentados en la justicia, donde se hace hincapié en que se trata de un impuesto más que de una modificación tarifaria.

A la luz del principio de legalidad en materia tributaria, el Decreto Nº 2067/08 del PEN y sus normas complementarias y modificatorias, resulta abiertamente inconstitucional, puesto que la facultad de imponer, eliminar y modificar cualquiera de los elementos de los tributos corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y es indelegable.

Por otra parte el decreto en conflicto viola la ley 24.076 que establece el marco regulatorio del gas en donde se define que la tarifa se compone de la suma de: a) precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte; b) tarifa de transporte; c) tarifa de distribución.

Este nuevo `cargo tarifario` que se crea por decreto constituye, en realidad, un tributo ilícito, agravado además por el hecho de que sobre éste tributo, ya de por si ilícito, se aplica el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), según se desprende del segundo párrafo del art. 2º del Decreto Nº 2067/2008.

Mediante el Decreto 2067/08, el Poder Ejecutivo no solo creó un impuesto sino que también facultó al Ministerio de Planificación Federal, a fijar el valor de los cargos y a ajustarlos, como así también a exceptuar de los mismos a las categorías de usuarios que determine.

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