El Senado investigará el acuerdo y citó a funcionarios.

Böhm, Scollo y Barbera deberán ir entre mañana y el viernes a explicar a los legisladores las razones del aporte estatal.
El Senado provincial fue ayer escenario de otro round del escándalo generado por el recital de los Cadillacs. La sesión en la Cámara alta culminó con la conformación de una comisión investigadora, pero el consenso alcanzado también redujo el ámbito de acción y únicamente podrá hurgar en los detalles de este caso en concreto. Y quedó descartada la iniciativa original de la UCR que pretendía rever todos los subsidios similares desde 2008 a la fecha.

Para ello, la Cámara alta reunió a siete miembros del cuerpo legislativo, uno por bloque y dos del oficialismo, con el fin de interpelar a los funcionarios involucrados y también a los actores privados que fueron los encargados de la organización del recital que la banda brindó el 20 de febrero pasado en la cancha de Andes Talleres.

También quedó firme la citación al secretario de Turismo, Luis Böhm, quien deberá comparecer ante los legisladores el jueves, al igual que un subordinado suyo, Fernando Nardi.

Y se añadieron el secretario de Cultura, Ricardo Scollo, y la secretaria de Deportes, Beatriz Barbera, el viernes, para que brinden las explicaciones sobre la ayuda oficial para la realización del espectáculo. El mismo requerimiento partió para Mariana Infante, la productora independiente que se asoció con Offside para traer a la banda de ska.

"La comisión se va a avocar a investigar solamente el caso de los Cadillacs. Hay 30 días y se puede prorrogar por un mes más", dijo el senador radical Leopoldo Cairone.

La UCR, Confe y el ARI, por un lado, y el justicialismo, por el otro, debieron consensuar los alcances de la comisión. "Si no se caía" dijeron. Por su parte Cairone tenía la firme intención de investigar todos los aportes no reembolsables dados por el Gobierno para la realización de eventos similares. "Si sacaron plata de Turismo porque era el área que tenía partida lo mismo pueden haber hecho en otros casos", explicó. Pero su idea no prosperó.

Las amenazas de la bancada oficialista de profundizar, además, en los beneficios otorgados por los gobiernos anteriores y el cierto grado de indiferencia que mostró el PD derivó en una resolución en común. "Cuál es el criterio para hacer el corte. Por qué sólo esta gestión", se

preguntó y chicaneó Luis Ruzo, jefe del bloque justicialista.

La postura oficial estuvo acompañada por los demócratas, que prefirieron minimizar la situación ya que consideran mucho más importante "abordar la problemática del déficit de la Provincia", como puntualizó Carlos Aguinaga, Y optaron por responsabilizar a "los 300 asesores que hay en el Gobierno y los organismos de control. Ahí sí que se gasta mucho dinero y no cumplen con su función", como dijo Aldo Giordano.

Igualmente, la oposición consiguió el objetivo primario, conformar la comisión, y a partir de ahí sacar a la luz los puntos oscuros del caso. "Por qué se utilizó el facturero de (Pedro) Infante y no el de los Cadillacs o la productora", cuestionó el cobista Aníbal Rodríguez.

Y con un toque de ironía, aprovechó el momento para criticar a Alejandro Cazabán: "Hay que cuidarlo más al Gobernador. Él no puede leer cada foja de un expediente antes de firmar. Para eso está la secretaría general de la Gobernación", disparó. En sintonía Alejandra Naman del ARI argumentó: "El contrato es ilegal, está viciado porque Infante no tenía el poder al momento de firmarlo".

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