Con 42 votos a favor, 18 en contra y 8 abstenciones y luego de más de 11 horas de debate , el kirchnerismo logró darle media sanción al acuerdo sellado entre el Gobierno y Repsol para que sea tratado en la Cámara de Diputados. El objetivo del oficialismo es aprobar la ley, a más tardar el 24 de abril.

El convenio- que determina que el Gobierno pagará el monto acordado en títulos públicos y en cuotas en veinte años- obtuvo el respaldo de los senadores del Frente para la Victoria, de sus aliados. En tanto, el radicalismo y el interbloque FAP-UNEN resolvieron rechazar la iniciativa; mientras que el peronismo federal y el PRO se abstuvieron.

"El acuerdo abre las puertas a las inversiones de nuevas empresas en Argentina", dijo el diputado Guillermo Pereyra, quien preside la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, al abrir el debate.

En igual sentido se manifestó el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto. "Hay que asumir cada etapa histórica y asumir lo que nos tocó, porque acá ningún partido político puede tirar la primera piedra. La expropiación era el único camino que había para intentar frenar transferencia de acciones de Repsol y que la empresa terminara vaya saber a dónde. Se percibía en los últimos años que se llevaban utilidades y no invertían un peso", sostuvo.

El legislador fue el último orador- de una lista de 40- en el debate. Cuando habían pasado minutos de la medianoche, el senador aseguró que "no había ninguna posibilidad de sentarse con los españoles cuando se efectuó la expropiación".

En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández, aclaró que "no habrá conflictos a futuro" por la expropiación y destacó que "los pasivos ambientales son atendidos" por la petrolera argentina.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El jefe de Proyecto Sur, Fernando Solanas , afirmó que "ningún gobierno desde [Carlos] Menem en adelante fue capaz de exigirle a las petroleras el cumplimiento de las inversiones, el cumplimiento de los contratos", al criticar lo actuado por el gobierno nacional en la materia.

Al cuestionar el convenio, disparó que el Estado "hasta fue incapaz de exigir un medidor en cada pozo de la República. Esto es colonia de cuarta, cada uno viene y se lleva lo que quiere", por lo que remarcó que lo sucedido en materia de hidrocarburos "es la historia de la impunidad".

"Estamos ante un dibujo, una suerte de tomadura de pelo a todos porque se está hablando de 5 mil, 6 mil millones en bonos que serán descontados del bolsillo del pueblo argentino hasta el 2033" y calculó que "los argentinos deberán pagar unos 13.700 millones de dólares hasta 2033", arremetió.

El socialista Rubén Giustiniani, en tanto, argumentó en contra del acuerdo porque "sólo la urgencia del gobierno necesitado de préstamos internacionales explican esta negociación", y acusó al Poder Ejecutivo de no explicar "el pago discrecional a una empresa que vació de reservas el país".

A su turno, el radical Ernesto Sanz, máxima autoridad formal de la UCR, explicó su rechazo a la iniciativa ya que "hay un sobreprecio de mala praxis", y responsabilizó al kirchnerismo por el "déficit energético" y la "pérdida del autoabastecimiento" en la Argentina..