El Senado aprobó un proyecto que otorga más poder a los fiscales

La propuesta les permite hacer allanamientos sin consultar con un juez de garantías. También los faculta para hacer procedimientos nocturnos y autorizarlos, incluso, a través de un simple fax. Surgieron críticas opositoras acerca de un posible riesgo de inconstitucionalidad, lo que también podría afectar los procesos judiciales.
El Senado provincial dio hoy media sanción a la ley que flexibiliza los allanamientos en pos de lograr mayor agilidad en la investigación de los delitos. Sin embargo, también surgieron críticas acerca de un posible riesgo de inconstitucionalidad, lo que también podría afectar los procesos judiciales.

La norma, que fue aprobada por mayoría, permite a los fiscales librar órdenes de allanamiento sin la necesidad de recurrir a un juez de garantías, en el caso de que la urgencia investigativa así lo requiera.

Aún más, el fiscal no necesariamente va a tener que informar posteriormente al juez sobre lo actuado. Esto, en función de que, en muchos casos, se requiere actuar con celeridad y la orden formal terminaba favoreciendo a los delincuentes o a la desaparición de pruebas.

Por ello, tanto el fiscal como el juez de garantías cuentan ahora con una hora límite para librar la orden.

Esta herramienta permite a su vez ampliar el horario de los procedimientos, ya que anteriormente sólo podían realizarse en horario diurno. Ahora la policía podrá entrar a una casa también al caer la noche. A esto, se le suma la posibilidad de liberar los pedidos por otros medios: ya sea por fax, por teléfono o medios electrónicos.

“Actualmente el fiscal está cumpliendo la labor del viejo juez de instrucción, pero así como puede hacer arrestos, no puede realizar allanamientos, lo que es un sinsentido”, explicó el peronista concertador Germán Gómez, al tiempo que destacó que con la aprobación de la iniciativa también le están dando claridad a la función del fiscal pero sin restar a la labor del juez de garantías.

Sin embargo, la norma podría ser declarada inconstitucional, y hacia ahí apuntó Alejandra Naman, del Ari.

“Hay tres informes –uno del Consejo Asesor de Políticas Públicas en Seguridad, otro del Colegio de Abogados y uno más de los magistrados Iturbide y Cruz Videla- que indican que puede ser violatorio del artículo 14 de la Constitución Provincial”, destacó Naman. Dicho artículo señala que el domicilio "es inviolable y sólo podrá ser allanado en virtud de orden escrita de juez competente o de autoridad sanitaria o municipal por razón de salubridad pública".

Para la senadora del Ari, la norma aprobada avanza sobre las libertades individuales, al punto tal que puede provocar el desmoronamiento de las causas judiciales por el recurso de apelación de los abogados defensores.

“¿Qué ganamos con una ley que, al ser inconstitucional, puede anular los procesos de investigación?”, se preguntó la legisladora.

La ley forma parte de la batería de normas que integran el Acuerdo Social por la Seguridad y, con las modificaciones efectuadas, vuelve a la Cámara Baja.

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