El Senado aprobó la "ley Jaque" y las provincias podrán emitir más deuda

Modifica la norma de Responsabilidad Fiscal para subir el límite al endeudamiento y usar dineros de obras en gastos corrientes.
El Senado aprobó ayer y convirtió en ley el proyecto que autoriza a las provincias a emitir deuda de hasta un 15 por ciento de sus gastos corrientes en los próximos dos años. El oficialismo obtuvo 35 votos positivos contra 17 de la oposición, como expresión de los legisladores del radicalismo y el justicialismo federal.

La iniciativa fue impulsada por el gobernador mendocino Celso Jaque, quien consiguió la adhesión de otros mandatarios provinciales. Propone la suspensión transitoria de dos artículos de la ley de Responsabilidad Fiscal, por la que quedan sin efecto por dos años las restricciones que impiden a las provincias tomar deuda y flexibiliza la posibilidad de reasignar recursos destinados a afrontar gastos de capital para atender gastos corrientes.

Las provincias podrán requerir fondos que la ley de 2004 prohibía y emitir deudas por un valor superior al 15 por ciento de sus recursos corrientes, al tiempo que posibilita a las administraciones provinciales cerrar sus ejercicios con déficit.

El titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Fabián Ríos, fundó la medida en la disminución de los recursos que padecieron las provincias como consecuencia de la crisis internacional que redujo los ingresos del país y las mayores inversiones públicas necesarias para reducir el impacto de las gripes y otros problemas de salud.

Sostuvo que la combinación de estas complejidades obligó a los gobernadores a realizar maniobras presupuestarias de distinta naturaleza, pero este régimen de excepción "permitirá a las provincias disponer de un año más para poder amortiguar el impacto de las deudas acumuladas".

El titular de la UCR, Gerardo Morales, pidió reponer el acuerdo Nación-Provincias que establecía un ingreso, para el conjunto, del interior del 34 por ciento del total de los fondos recaudados y opinó que el Gobierno nacional "se apropió de los dineros del crecimiento económico nacional".

El radical Roy Nikisch dijo que "la suspensión por dos años no resuelve el problema de los argentinos del interior sino sólo los de coyuntura de los gobiernos." Opinó que "para las provincias sería mejor eliminar la ley y emprender negociaciones de refinanciación de toda la deuda a largo plazo".

El chaqueño y otros senadores opositores lamentaron la falta de cumplimiento de la coparticipación federal, que establece un piso de 34 por ciento para las provincias, pero sólo llega a 23 por ciento y que "la Nación se queda con 77 pesos de cada 100 que se recauda en el país y miserablemente dejan 23 para las provincias".

El puntano Adolfo Rodríguez Saá sostuvo que el proyecto "es una irresponsabilidad fiscal" y pidió terminar con un sistema de relación Nación-provincias en la que "sólo consiguen fondos los que hacen todas las genuflexiones" que les piden desde el gobierno nacional. Carlos Rossi, del juecismo de Córdoba, dijo que el cambio "es un parche que no sirve para nada" y en términos similares se expresaron la tucumana Delia Pinchetti y la justicialista federal puntana, Liliana Negre de Alonso.

El renovador salteño Agustín Pérez Alsina dijo que resulta "otro golpe al federalismo argentino", al tiempo que expresó que en algún momento se "deberá hacer lo que podremos llamar 'la rebelión del Senado' porque no podemos seguir cediendo tanto ante el Gobierno nacional".

El neuquino Horacio Lores, aliado al gobierno nacional, dijo que Neuquén "se encuentra en una muy difícil posición financiera que incluso compromete la gobernabilidad de la provincia", calificó de "parche" a la propuesta oficial, pero opinó que la aprobación del texto "va a permitir salir de la difícil situación coyuntural".

La rionegrina María Bongiorno, quien se retiró del bloque oficialista, dijo que va "a acompañar" la sanción de la norma, al igual que su comprovinciano radical Pablo Verani, quien dijo que emitirá "un angustioso voto positivo".

En cambio, la ex oficialista de Chubut Silvia Giusti dijo que su posición expresará su "distanciamiento de las políticas del Gobierno nacional, que hace que no podamos cumplir con lineamientos y ejes políticos que nos hemos planteado desde la provincia".

El salteño Juan Carlos Romero calificó a la iniciativa como "un retroceso" y sostuvo que "la solución está en la discusión de una nueva ley de coparticipación".

Comentá la nota