El Senado aprobó una ley Iniciativa de Liliana Fellner

El Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley de creación del Comité Argentino de Patrimonio Mundial, presentado por la legisladora jujeña Liliana Fellner.
La nueva normativa dispone que este órgano informará y asesorará a la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (CONAPLU), en todo lo relativo a la aplicación de la Convención de la UNESCO de 1972 sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por Ley Nº 21.836, como así también emitirá recomendaciones y resoluciones, y velará por su cumplimiento, en todo el territorio de la Nación.

En su defensa del proyecto, la senadora oficialista dijo que "esta iniciativa responde a dos objetivos fundamentales: por un lado atiende a la conveniencia de establecer con jerarquía de ley el marco normativo que determina y respalda el funcionamiento del Comité. Por otro lado, tiene en vista la necesidad de ampliar las atribuciones y deberes del citado organismo, a la vez que dotarlo de los mecanismos institucionales adecuados para el funcionamiento coordinado con las jurisdicciones provinciales, lo cual redundará en un mejor cumplimiento de las obligaciones que la Convención, pone en cabeza de la Nación". Entre las facultades de control y gestión, la senadora Fellner dijo que "responden a la necesidad de asegurar un desenvolvimiento de las administraciones locales acorde con los lineamientos de la política nacional, derivados de los deberes que tiene la Nación como Estado Parte en la Convención".

También explicó a sus pares que la asignación de recursos prevista en el artículo 10º de la iniciativa "se incluyó con la finalidad de eficientizar el trabajo del organismo a partir de las nuevas funciones y deberes que se le atribuye en la norma".

Otro aspecto saliente de la ley sancionada a instancias de la legisladora jujeña es que se plantea taxativamente que "el que alterare total o parcialmente un sitio o bien incluido en la Lista de Patrimonio Mundial, deberá recomponerlo a su anterior estado en el plazo perentorio que establezca el organismo competente, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que correspondan. Cuando la recomposición del bien o sitio no se ejecutare en dicho plazo o ella resultare imposible, el o los responsables serán penados con multas de entre el diez por ciento (10%) y hasta tres veces el valor del bien o sitio alterado", tal como se lee en el texto aprobado.

Por ultimo la legisladora dijo que a partir de la aprobación de esta nueva norma "el Poder Ejecutivo Nacional establecerá en la reglamentación de la presente ley una multa dineraria para los casos en los que la determinación del mismo sea imposible o dificultosa. El organismo competente deberá denunciar el hecho a la justicia a efectos de que determine si los infractores están incursos en el delito de daños previsto en los artículos 183 y 184 del Código Penal u otro más severamente penado", remarcó.

Rizzotti espera ver

las cuentas oficiales

Según el diputado Jorge Rizzotti, "el Gobierno de la Provincia no ha rendido desde 2002 la cuenta de inversión, evitando de este modo los controles de gastos que una gestión transparente debe realizar a la legislatura y al Tribunal de Cuentas".

Esto "impide al pueblo jujeño conocer el destino de sus impuestos", sostuvo el legislador radical, que también remarcó que de esa manera el Poder Ejecutivo incurre en incumplimiento del mandato constitucional del artículo 137 de la Carta Magna provincial que instituye el deber del gobernador de "dar cuenta de la ejecución del presupuesto" del año anterior.

"También se viola la ley de administración financiera, la cual ordena a la Contaduría de la provincia preparar la cuenta de inversión y presentarla anualmente a la Legislatura antes del 31 de mayo", agregaron voceros del parlamentario.

"Durante la gestión de Eduardo Fellner comenzó esta práctica inconstitucional que ha persistido desde que comenzó la administración de Barrionuevo", sostuvo Rizzotti, que es contador de profesión.

De acuerdo a dichos de de colaboradores de quien es vicepresidente 2º del parlamento provincial, al control legislativo llegó sólo parcialmente la rendición de algunos gastos en los últimos cinco años, en tanto que al Tribunal de Cuentas se le estaría retaceando la documentación para que lleve adelante su tarea de auditoría.

Rizzotti dijo que "el Estado necesita controles que garanticen a los ciudadanos un estándar mínimo de eficacia, eficiencia y efectividad en el gasto público", una condición para cualquier planeamiento estratégico para el desarrollo económico y social, según consideró.

En opinión del diputado radical, el PE regularizó la práctica de formular y someter a aprobación el proyecto de presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos, "pero al mismo tiempo instauró la práctica de evadir los controles de los gastos tanto en la dimensión política como jurídico-formal", criticó.

Desde esa perspectiva apuntó que "de nada sirve que los representantes del pueblo aprueben cada año un presupuesto si después no es posible ejercer un contralor de lo efectivamente ejecutado con el dinero" de los contribuyentes.

Así también interpretó que la situación de Jujuy "es atípica" con respecto a "otras provincias donde el control parlamentario sobre el gasto público es una práctica regular, y donde los responsables del gobierno contribuyen a la transparencia de sus gestiones informando a los órganos de control y a la opinión pública el destino de los recursos públicos".

Comentá la nota