El Senado aprobó ley favorable a las electrónicas fueguinas

Por 35 votos a favor y 6 en contra, finalmente la Cámara Alta sancionó -con modificaciones- la ley que propone beneficios impositivos para la industria electrónica de Tierra del Fuego, aumentando los impuestos internos y duplicando el IVA que deben pagar los productos importados. La iniciativa que impulsaba el Gobierno deberá ahora enviarse a la Cámara de Diputados.
El Senado aprobó ayer, con cambios, el proyecto por el cual se suben impuestos a los artículos electrónicos importados para favorecer a las industrias de ese rubro radicadas en Tierra del Fuego, por lo que la iniciativa volverá a la Cámara de Diputados.

La iniciativa grava con impuestos internos y duplica el IVA a diversos productos electrónicos, entre ellos celulares, equipos de aire acondicionado y GPS, y según la Cámara que agrupa a los importadores implicará aumentos de hasta el 34 por ciento en los precios que deberán pagar los consumidores.

El proyecto fue aprobado por 35 votos a favor, 6 en contra y dos abstenciones, del radical Alfredo Martínez y de la legisladora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro.

Los senadores dieron marcha atrás a una modificación que los diputados introdujeron durante la discusión en el recinto, que cambió el tope de 6 mil frigorías para los equipos de aire acondicionado protegidos por la norma por una definición de 6 toneladas, lo que equivale al triple, o sea 18 mil frigorías.

Ese cambio provocó la reacción de una empresa radicada en la provincia de Buenos Aires, queja que fue admitida por el Gobierno, que ordenó a los senadores del oficialismo volver al texto original, que ahora deberá ser considerado de nuevo por los diputados.

El vocero del dictamen de mayoría fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Fabián Ríos, quien dijo que desde hace varios gobiernos se tomó la decisión de que Tierra del Fuego sea donde se desarrolle la industria electrónica, y que eso «no se puede cambiar».

«Si no sostenemos ese régimen vamos a generar desocupación», advirtió Ríos al justificar la medida de promoción industrial que favorece a la provincia más austral.

Asimismo, el legislador oficialista dijo que «no es cierto» que las medidas de promoción signifique un aumento de los precios, como denunciaron los importadores, al señalar que se trata de un sector donde hay una «gran elasticidad de los precios», que obedecen principalmente a la demanda.

Luego habló el senador del ARI por Tierra del Fuego, José Martínez, quien destacó la importancia de esta ley, al decir que implica «discutir un modelo de país».

«La gran discusión a principios del siglo XX era si tener un país agroexportador sin valor agregado, y a partir de los 40 se comenzó a discutir la industrialización del país», puntualizó.

Martínez, junto a su compañera de bancada María Rosa Díaz y la gobernadora fueguina, Fabiana Ríos, impulsaron fuertemente este proyecto y para ello apoyaron varias iniciativas del oficialismo, del cual se han convertido en virtuales aliados.

La senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro criticó que se incluyera a los teléfonos celulares dentro de esta norma, al indicar que actualmente es el medio de comunicación más utilizado por los sectores de menores recursos, por encima de la telefonía fija.

Un argumento similar lo brindó el oficialista Guillermo Jenefes, quien anticipó su voto en contra por considerar, entre otras razones, que los celulares no son artículos suntuarios.

El radicalismo, a través del presidente de su bancada, Ernesto Sanz, también consideró «inaceptable» el aumento masivo de impuestos que implica esta norma.

Sanz dijo que se trata de «una protección comercial acotada a una sola provincia, y dentro de ella los beneficiarios no más de cinco o seis empresas, mientras que los perjudicados son millones de consumidores».

«Es una transferencia de ingresos fenomenal», sostuvo el legislador mendocino, al criticar la iniciativa.

El proyecto elimina la exención de impuestos internos, del 26 por ciento, y duplica el IVA del 10,5 al 21 por ciento para los productos electrónicos e informáticos que no se fabriquen en Tierra del Fuego.

El proyecto es apoyado por la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, entidad que sostuvo que «permitirá inversiones industriales por 40 millones de dólares en Tierra del Fuego, generando unos 1.200 nuevos puestos de trabajo para argentinos, algo que facilitará una significativa sustitución de importaciones por más de 200 millones de dólares».

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