El tratamiento está previsto para el próximo miércoles, cuando se espera un extenso debate. Sin embargo, el amplio respaldo alcanzado por la iniciativa en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional (14 firmas sobre un total de 17 miembros en cada una) anticiparía la sanción de la ley que habilitará al Poder Ejecutivo a cancelar el pago de los 21 acuerdos sellados en Nueva York.

Como se esperaba, la mayoría opositora del FPV terminó dividida entre quienes apoyaron el proyecto, amparados en el reclamo de los gobernadores de acceder a los mercados de capitales para financiar obras, y aquellos que lo rechazaron. Entre estos últimos también se observaron sutiles diferencias entre los que manifestaron dudas por las consecuencias judiciales que podría generar el pago y quienes, como los kirchneristas, se oponen de plano a la medida.

A la hora de la verdad, el FPV aportó seis firmas por comisión al dictamen, más que las necesarias teniendo en cuenta que la alianza Cambiemos (UCR y Pro) contaba con el apoyo de senadores del Interbloque Federal, de UNA y de GEN.

Así, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda sumaron su respaldo desde el FPV Carlos Espínola (Corrientes), Pedro Guastavino (Entre Ríos), Juan Manuel Irrazábal (Misiones), Dalmacio Mera (Catamarca), Omar Perotti (Santa Fe) y Rodolfo Urtubey (Salta). En la Comisión de Economía Nacional, en tanto, pusieron su firma Walter Barrionuevo (Jujuy), Sandra Giménez (Misiones), Beatriz Mirkin (Tucumán), Daniel Lovera y Norma Durango (ambos de La Pampa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

El exceso de votos permitió que la bancada que conduce Miguel Pichetto (Río Negro) diera ciertas libertades. Así, Mirkin firmó el dictamen, pero su jefe político y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, no lo hizo.

Juan Manuel Abal Medina (FPV-Buenos Aires), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, fue otro de los que se negaron a firmar el dictamen. Lo justificó en su temor a una nueva ofensiva judicial contra el país en el exterior. "Las dudas por la litigiosidad no se han reducido, sino que se han incrementado", aseguró. A eso le sumó su "temor a abrir un nuevo ciclo de endeudamiento pernicioso".

Tampoco firmó el presidente de la otra comisión que intervino en el debate, Eduardo Aguilar (FPV-Chaco), quien aseguró que los acuerdos individuales incluidos en los anexos del proyecto "no están lo suficientemente respaldados". "En algunos casos están escritos a mano y hay otro que no especifica el monto" a pagar, señaló.

Aguilar también hizo propios los argumentos de Graciela de la Rosa (FPV-Misiones), quien calificó de "excesivo" el permiso al Gobierno para emitir deuda hasta US$ 12.500 millones cuando "los acuerdos suman 6500 millones".

En soledad, la kirchnerista María Ester Labado (Santa Cruz) impulsó un dictamen de minoría que rechaza el proyecto aprobado en Diputados. "Estamos tomando nueva deuda para pagar otra deuda", se quejó.

La otra cara del FPV la encarnaron senadores como Urtubey, quien justificó su apoyo al proyecto en la "decisión política de muchos compañeros de salir de una situación que implica maltratar al 93% de los bonistas" que aceptaron los canjes de 2005 y 2010. Por su parte, la misionera Giménez dijo que apoyaba porque ésa era la decisión de su provincia. "Nosotros representamos a las provincias y mi gobernador vino a apoyar", dijo.

Desde el oficialismo, Federico Pinedo (Pro-Capital) calificó como "conveniente para los argentinos" el acuerdo" y alertó acerca del peligro de mantener al país en default. "Si no se les paga, los bonistas pueden pedir la aceleración de la deuda y tendríamos que pagar al contado toda la deuda (contraída) hasta 2035", sentenció.

Por su parte, Julio Cobos (UCR-Mendoza) destacó que los bonistas que entraron en los canjes, que calificó como "modelos en Latinoamérica", siguen sin cobrar y que se acumulan intereses. "Es como un taxi que está parado pero sigue cobrando la espera", graficó.