Una semana de plazo para PAMI Luján

El juez que interviene en la causa otorgó siete días de prórroga antes de concretar la medida en la sede de la calle Almirante Brown.
Desde principios del mes pasado, las autoridades de PAMI intentan evitar que su sede lujanense sea desalojada a partir de una orden judicial dictada por el Juzgado Federal de la ciudad de Mercedes, según el expediente 57.394.

Al cierre de esta edición, continuaban las negociaciones para solucionar la delicada situación de la UGL XXXII. El juez interviniente otorgó, a partir de ayer, un plazo máximo de una semana para resolver el tema.

La causa fue iniciada por Arezzo Automores, propietaria del inmueble que ocupa la entidad, por los incumplimientos en el pago de los alquileres a partir de enero pasado, cuando venció el contrato de locación. Por esta razón, PAMI debe abonar mensualmente una multa que tampoco cubre desde comienzos de año, como así también un canon por el uso del mobiliario. Si a todo esto se suma los costos judiciales, la deuda asciende al millón de pesos.

La primera fecha de desalojo fue estipulada para el martes 7 del mes pasado. En ese momento, la medida quedó en suspenso debido al asueto judicial dictado por la Suprema Corte de Justicia como prevención ante la pandemia de gripe A.

Después llegó la feria judicial de invierno y el PAMI volvió a ganar tiempo. Sin embargo, a un mes de la primera orden de desalojo, las autoridades del Instituto aún no llegaron a un acuerdo con Arezzo Automotores.

El jueves último, las partes involucradas fueron convocadas por el juez que interviene en el caso. En esa reunión, el magistrado determinó prorrogar la orden de desalojo que, en un principio, se iba a materializar ayer. A partir de ahora, PAMI tendrá tiempo hasta el próximo viernes, fecha máxima estipulada por el juez. Si no hay acuerdo, el inmueble será desalojado.

Roberto Ulloa, uno de los abogados de la firma propietaria, contó a este bisemanario que luego del encuentro realizado en Mercedes, desde PAMI central se comunicaron con los representantes de Arezzo para reiniciar las negociaciones. Al cierre de esta edición, las autoridades de la obra social a nivel central intentaban acordar una solución.

LOS JUBILADOS

Esta semana, el Grupo de Jubilados Independientes (GJI) emitió un comunicado donde solicita la "urgente normalización" de la UGL XXXII ante la amenaza de desalojo judicial de su sede.

Mediante una nota fechada el 24 de julio y dirigida al director normalizador del PAMI, Luciano Di Césare, el GJI exigió que "se nos garantice la permanencia en nuestra ciudad de la UGL como así también la continuación de todas las prestaciones médicas y sociales".

El escrito, rubricado por Santiago Basso, Braulio Cabrera, César Cepeda y José Pedro Bonvecchi, pide al funcionario "que ponga fin a la incertidumbre por la cual atravesamos".

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