Semana de definiciones para Alegre y compañía

La Justicia trabaja contra reloj para definir la situación procesal de los 16 imputados, previo a que se produzca la ampliación indagatoria del ex intendente, el viernes 4.
Las miradas estarán puestas esta semana en la definición que hará el juez a cargo de la causa de la presunta defraudación a la municipalidad, Gustavo Herrera, de la situación procesal de los 16 imputados que tiene el voluminoso expediente.

Con ello, el magistrado cerrará la primera etapa de la instrucción de la causa, lo que significaría para algunos de los imputados ser procesados, obtener falta de mérito o que se cambie la actual acusación que pesa sobre ellos.

En principio, si no se modificara la figura penal por la que se encuentran imputados cinco de los sospechosos –Julio Fernando Alegre, su hermano Gustavo Alegre Vega, el empresario Enzo Herrera y los ex funcionarios Oscar Farías y Rodolfo Mema-, todos ellos permanecerían privados de su libertad.

Es que para la Justicia serían los organizadores o jefes de una asociación ilícita, delito que no es excarcelable.

En uno de los primeros actos del magistrado, para fundamentar las órdenes de detención y la imputación de aquel delito, sostuvo que "(ciertos funcionarios) por su jerarquía y función se permitían impartir órdenes y directivas a sus subalternos en cumplimiento de los planes elaborados, actuando como uno más de los organizadores de esta asociación constituida a los fines de defraudar al fisco, allanando u obstruyendo los controles e inspecciones de los órganos de control".

En ese momento, a criterio del juez, había "quedado evidenciada la existencia de una estructura u organización jerárquica y funcional de sujetos con distintos roles, quienes en forma ardidosa allanaron los medios para desplegar un enriquecimiento común de todos sus integrantes, a costa del patrimonio cuya custodia y administración les fuera encomendada".

Los numerosos oficios que libró la Justicia provincial a distintos organismos no fueron respondidos en su totalidad, por lo que hay prueba documental que aún debe incorporarse, pero las reunidas hasta el momento son contundentes, según informaron fuentes judiciales."

Ese plano de razonamiento no se habría modificado sustancialmente sobre el comportamiento atribuido a los antes mencionados –con excepción de Enzo Herrera, quien no desempeñaba ningún cargo-, por lo que es previsible que en la resolución no se modifique esa acusación.

En cuanto al resto de los acusados –Marcelo Bustos, Julio Uñates, María González, Marta Feijóo, César Villalba, Ramón Neirot, Luis Vázquez, Nancy Moisés, Mario Roldán y Fabián Díaz, sus respectivos defensores procuraban "despegarlos" de ser considerados miembros de la asociación ilícita.

Para ello apelaron a diferentes argumentos, desde que sólo se limitaron a cumplir órdenes de sus superiores o que no tenían conocimiento de las presuntas maniobras irregulares que se cometían en el municipio.

El criterio del magistrado, con respecto a la actuación que le cupo a cada uno de ellos, recién quedará aclarado cuando se conozca la resolución.

Una situación particular es la del economista Pedro Alejandro Fernández, quien pese a haber sido imputado, todavía no fue indagado y existen dudas de si estará en condiciones de hacerlo en lo inmediato, pues permanece recluido en una clínica de rehabilitación de Buenos Aires.

Por ende, lo más probable es que quede abierta la causa para él, estimaron fuentes judiciales.

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