La ley de la selva quedó bajo la lupa de La Haya

Desde el 1º de noviembre, el Tribunal podrá procesar a paramilitares, guerrillas, fuerzas de seguridad y funcionarios, incluido el presidente Uribe.
El polémico acuerdo que permitirá a Washington utilizar siete bases militares en territorio colombiano no es el único dolor de cabeza para Bogotá. Desde el domingo la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya puede investigar y juzgar los crímenes de guerra cometidos en Colombia en el marco del conflicto armado que lleva más de cuatro décadas. La ampliación de competencias de la CPI en el país fue automática luego de que venciera la moratoria solicitada por Bogotá en 2002, cuando aprobó "con reservas" su adhesión al tribunal para restringir los procesos judiciales a los delitos de lesa humanidad y genocidio. Además de investigar a guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes por casos de esclavitud, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y secuestros, la CPI pondrá la lupa sobre las fuerzas de seguridad colombianas, involucradas en un megaescándalo por ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos que fueron presentados luego como abatidos en combate. La CPI también podrá atribuir responsabilidades por esos delitos a altos cargos políticos del país, incluido el presidente Álvaro Uribe.

El Ministerio Público (fiscalía general) reveló en julio que desde 2003 abrió más de 1.600 procesos disciplinarios contra militares por esas ejecuciones, que según fuentes no oficiales superan los 2.600 casos. A pesar de ello, un grupo de legisladores oficialistas impulsa un proyecto de ley para proteger a los miembros de las fuerzas colombianas investigados por la CPI. Según la congresista Lucero Cortés, la iniciativa "no busca generar impunidad", sino garantizar el derecho a la defensa "a esos miles de colombianos que todos los días están colocando su pecho para defender nuestra integridad".

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