Algo está cambiando en la Justicia. 2014 se está transformando en año récord de funcionarios kirchneristas procesados. No es común en los tribunales argentinos que se dé una avanzada tan fuerte contra miembros de un gobierno cuando todavía le queda más de un año para que se termine el mandato. Al doble procesamiento de Amado Boudou, que, como anticipó este diario, podrían trepar a tres antes de fin de año, se le suman otros seis funcionarios (ex o actuales).

La lista anual la encabeza Ricardo Jaime, que se convirtió en el primero del kirchnerismo en ser procesado por enriquecimiento ilícito. En su caso, ya había sido procesado antes por sustracción de pruebas (donde incluso ya fue condenado), recibir dádivas de empresarios y por la tragedia de Once.

Por la cantidad de causas en su contra, el paralelismo entre Jaime y el menemista Víctor Alderete es inevitable. La diferencia es que el primer procesamiento contra quien fue titular del PAMI llegó en diciembre de 1999, cuando ya gobernaba la Alianza. La mayoría de las causas contra funcionarios del gobierno de Carlos Menem se activaron una vez fuera del poder.

Esta semana, también se conoció el procesamiento de Romina Picolotti, que fue secretaria de Medio Ambiente desde julio de 2006 hasta diciembre de 2008. La jueza María Servini de Cubría la investiga por “administración fraudulenta”, por haber pagado “compras, almuerzos y viajes aéreos a expensas de la Secretaría”.

A mediados de julio, la misma magistrada procesó también a tres ex funcionarios de la Sedronar, la secretaría encargada de luchar contra el narcotráfico. Allí involucró a José Granero, que en 2011 renunció como titular del organismo, pero continuó en el Gobierno como director de Enarsa (cargo que también dejó tras el procesamiento); Gabriel Abboud, el segundo de Granero; y Julio De Orué, director del registro de precursores químicos. La causa es por falta de controles en la importación de efedrina, sustancia utilizada para hacer drogas sintéticas.

En la causa Ciccone, junto al vicepresidente, también fue procesado Rafael Resnick Brenner, que al momento de cometerse el supuesto delito era el jefe de asesores de la AFIP. El juez Ariel Lijo lo consideró partícipe por facilitar el plan de pagos para levantar la quiebra de la imprenta, que en ese momento estaba acosada por deudas.

Este año, además, avanzaron otras causas contra funcionarios kirchneristas. El juez Claudio Bonadio dispuso que Guillermo Moreno sea juzgado en audiencia oral y pública por abuso de autoridad en una investigación por la que había sido procesado en septiembre y confirmado en diciembre.

Hace un mes, además, la Cámara Federal de Casación Penal resucitó una investigación contra el ex secretario de Comercio por la exhibición de carteles y cotillón con frases contrarias al Grupo Clarín.

La misma Cámara reabrió una causa contra el ahora ex secretario de Energía, Daniel Cameron. Es una causa por irregularidades en el manejo de fondos que recibió la concesionaria del yacimiento carbonífero de Río Turbio, controlado entonces por el empresario Sergio Taselli.