Seguridad urbana: un negocio millonario que se decide a dedo

Los intendentes bonaerenses contratan, sin licitación, cámaras de vigilancia y el control satelital de patrulleros. Este año gastarán $ 400 millones. El Gobierno impone una empresa. Qué pasa en Capital.
Calles, plazas y comercios controlados por miles de cámaras de vigilancia, sistemas satelitales para el seguimiento de patrulleros, centros de monitoreo de todo el sistema con sofisticadas computadoras. La tecnología para el control público urbano se está volviendo habitual en la ciudad de Buenos Aires, en casi todos los municipios del conurbano y en muchas capitales provinciales. Son respuestas a los reclamos sociales, pero también esconden un formidable negocio, de cientos de millones de pesos al año, que está siendo asignado a dedo.

¿Dónde, quiénes lo asignan? La trama involucra a actores políticos y a empresarios, algunos conocidos y otros casi fantasmales. Por supuesto que también a los ciudadanos, que pagan y pagarán con sus impuestos estos remedios al miedo colectivo. Fue la ciudad de Buenos Aires, en 2006, el lugar de inicio de los grandes negocios de las cámaras de vigilancia en la vía pública (Ver Página 34), pero en éstos días se están firmando decenas de convenios millonarios en el conurbano bonaerense. Sólo en las últimas dos semanas, el gobierno nacional giró 70 millones de pesos para que los intendentes compren cámaras de vigilancia, equipos de monitoreo y coches patrulla para sus municipios. Lo que no se dice es que buena parte de esos fondos serán invertidos eludiendo licitaciones públicas y procesos de competencia, según reconocen en el propio gobierno bonaerense, el gran impulsor de estas decisiones. "Eso depende de cada municipio, aunque es cierto que no podemos esperar más tiempo. Pero sí, lo ideal hubiera sido una licitación provincial", resume Néstor Franco, director general del ministerio de Seguridad de la Provincia. Los tiempos que impone Franco no dejan lugar a variables: en dos meses quiere al sistema de videovigilancia funcionando en todo el conurbano y pretende que esté todo coordinado antes de fin de año.

Esos 70 millones a invertir en equipamiento de seguridad, son parte de los 400 millones extraordinarios que anunció el gobierno nacional a fines de marzo para auxiliar a Daniel Scioli en la lucha contra el delito. La plata ya empezó a llegar a Ituzaingó, José C. Paz, Cañuelas, Luján, Quilmes, Hurlingham, San Miguel, Zárate, La Matanza y Lanús. Pero según comprobó Clarín, los fondos llegan a condición de ciertos compromisos, como la contratación de la empresa que se hará cargo del control satelital de los nuevos móviles de cada jurisdicción. La recomendada se llama Ubik2 y, si el negocio avanza como está previsto, acabará facturando no menos de 4,8 millones de pesos al año, ya que los patrulleros o móviles que piensan sumarse a la actual flota son cerca de 2.000 y a todos habrá que ponerles un sistema de seguimiento, que se cotiza a no menos de 200 pesos mensuales por vehículo, sin contar la instalación inicial. Todo eso, sin haber tenido que pasar por una compulsa de precios y a pesar de ser más cara que otras empresas.

Fuentes de tres muncipios consultadas por Clarín admitieron que la contratación de Ubik2 es condición para la firma de los convenios; es decir, para recibir la plata prometida por el gobierno nacional. Así lo reconoció, entre otros, el secretario de gobierno de Ituzaingó, Alfredo Almeida: "Dijeron que todos teníamos que tener los mismos equipos para poder homologarlos en el futuro. Y parece razonable", contó a Clarín. Ya firmaron el convenio con Ubik2, además de Ituzaingó, Florencio Varela y el Municipio de la Costa. Pronto lo harán los demás. Ya hay 18 municipios que firmaron el convenio para entrar al plan de auxilio de fondos.

Esta es la explicación de Franco sobre la empresa recomendada: "Nosotros no imponemos nada, ellos se lo autoimponen porque la empresa funcionó muy bien en Ezeiza". El funcionario sabe de lo que habla, porque en 2003 era Secretario de seguridad del municipio de Ezeiza y fue quien instaló el primer sistema de monitoreo satelital de los patrulleros. Había contratado a Ubik2, firma que, de acuerdo a la declaración pública de su directorio, está dirigida por dos jóvenes empresarios, Rodrigo Campbell y Cintia Madeira Ciotta. En realidad, Ubik2 no existía como tal. De acuerdo al Registro de Marcas de la Nación, se registró recién el 9 de mayo del 2008, pocos meses después de la asunción de Daniel Scioli en la Provincia. UbiK2 es una firma casi desconocida en el mercado, y ni siquiera integra la Cámara de empresas de seguimiento satelital.

La explicación sobre esa "imposición" o "autoimposición", obedece a la teoría de la compatibilidad. Si todo el conurbano va a tener sistemas de cámaras de seguridad y patrullajes controlados, deben estar vinculados por un sistema que permita unificarlos. ¿Por qué entonces no llamar a una licitación provincial y convocar a una sola empresa? Porque no hay tiempo, dicen en el gobierno de Scioli. En el año 2000, la misma provincia había contratado a una empresa que instaló dispositivos satelitales en todos los patrulleros. Aquella vez lo había hecho por licitación y había ganado otra empresa, llamada Megatrans, en realidad la única oferente. Esa misma empresa todavía hace el seguimiento de casi 5.000 patrulleros de la Policía bonaerense, pero ha sido dejada afuera del seguimiento de los vehículos que se comprarán ahora. Megatrans logró quebrar la veda sólo en el municipio de Morón, que se negó a aceptar las sugerencias del gobierno provincial. Una pista: le cobrará al municipio un pago mensual de 4.550 pesos, mientras que Ubik2 pretendía cobrar 9.786 pesos por mes, más del doble, además de 48 mil pesos por la instalación del servicio.

La parte más espectacular del negocio son, sin duda, las cámaras de seguridad. El plan bonaerense prevé la instalación de 5.000 cámaras en toda la provincia, que deberán controlar las principales arterias y los puntos más conflictivos de cada municipio. Para eso calculan gastar 205 millones de pesos del envío extraordinario del gobierno nacional. Cada municipio debe instalar entre 39 cámaras (en Ituzaingó, una jurisdicción pequeña) y 400 (en La Matanza), de acuerdo a sus dimensiones.

En al menos dos de los 33 municipios incluidos en el programa, San Isidro y Morón, dijeron a Clarín que fueron presionados para contratar determinadas empresas. No hay, sin embargo, fuentes que lo digan en forma abierta y el gobierno bonarense lo niega. De acuerdo a empresarios del sector, son entre 5 y 10 las firmas capacitadas para hacer el trabajo y no deberían pelear entre ellas porque hay suficiente mercado para todas. La ecuación parece cierta ya que no hay empresa que en el corto plazo puedan instalar tantas cámaras.

Una de las firmas más comentadas hoy día en los municipios, es la empresa Global View, de Mario Montoto, ex montonero devenido empresario que es pionero en el mercado del control por videocámaras. Montoto ya colocó miles de cámaras en todo el país y está operando el sistema en Tigre, Campana, Lomas de Zamora, y tiene proyectado hacerlo en Mar del Plata y en al menos cuatro municipios más, según dice la propia empresa. También en la ciudad de Buenos Aires, aunque allí Montoto lo hace con otra empresa, Codesur, que trabaja para el gobierno porteño desde hace tres años. En todos esos casos, los acuerdos con los municipios se hicieron por convenio directo, sin licitación pública o cotejo de ofertas, y con el apoyo

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