El radicalismo agita los números fríos de las estadísticas delictuales que les han pasado desde el Poder Judicial. De ese informe surge que han crecido la mayoría de los delitos más sensibles para la sociedad, como los robos y los homicidios.

Sin embargo, el dato más impactante es el de los hurtos de autos: de 305 hechos en 2010 se llegó a 2.540 en todo 2012, es decir que se multiplicaron por 8. A esto hay que sumarle los 44 homicidios que han contabilizado los propios radicales en lo que va de 2013.

A la luz de estos datos, es que la UCR salió a pedir la conformación de un "Comité de Crisis" en seguridad, con amplia participación, en el que se reedite el diseño de una política de Estado, con metas y objetivos y que todos los sectores se comprometan a cumplir.

El diputado Luis Petri salió a hacer públicos sus datos en la materia. Esgrimía las planillas que le remitieron desde la Justicia y comparaba los años 2010 y 2012 completos. Así surgía que entre esos años la totalidad de los delitos denunciados había crecido un 10% (de 94.372 en 2010 a 102.125 el año pasado).

El caso de los homicidios es verdaderamente llamativo. En 2010 se denunciaron 88 homicidios, en 2012 se llegó a 100, es decir un 15%. No conformes con estos datos, los radicales relevaron las crónicas policiales desde el 1 de enero de este año a la fecha y sumaron 44 casos publicados en los medios de comunicación.

Comparando esta cifra no oficial de 2013 con la oficial entregada por la Justicia, surge que en los casi tres meses y medio de este año se han producido la mitad de los asesinatos de todo 2010. Y en lo que va del año, hubo casi un homicidio cada dos días.

Con estos datos es que Petri y sus compañeros de bloque están redactando una misiva que remitirán al gobernador Francisco Pérez para que conforme y presida este comité de crisis que imaginan.

Los radicales piensan en un Consejo Provincial de Seguridad Pública pero ampliado. De acuerdo al artículo 7 de la ley 6.721, este consejo está integrado por el ministro de Seguridad, todos los legisladores miembros de la Bicameral y un representante del Poder Judicial.

Petri dice que para enfrentar la crisis hace falta incorporar a los presidentes de los partidos políticos con representación parlamentaria, además de que deberían participar el procurador general y el presidente de la Suprema Corte, en lugar de un representante de la Justicia.

Además, en el comité de crisis deberían estar las autoridades de las fuerzas de seguridad nacionales con asiento en Mendoza, los intendentes departamentales, gremios cuyos trabajadores sufran particularmente la inseguridad y las cámaras empresarias.

Entre todos estos participantes, según Petri, debería diseñarse un programa de seguridad con metas claras, que se transforme en una política de Estado en seguridad, reeditando aquella otra confluencia de voluntades que se produjo a fines del gobierno de Arturo Lafalla, después del alzamiento policial de octubre de 1998.

Petri dice que ya no alcanza con los anuncios de siempre. "¿Hace cuánto vienen prometiendo la policía judicial, el banco de datos genéticos y no lo hacen?" se queja al rememorar que esas ideas surgen cada tanto, después de algún crimen resonante.

"Debemos reeditar aquella política de Estado en Seguridad, con el gobernador a la cabeza", dice el diputado radical.