Patricia Bullrich cumplirá el sueño de muchos ministros: que su agenda de propuestas y su bajada de línea sean incorporadas plenamente por el gobierno al que pertenece. Así arrancó Cambiemos el 2019: hablando el lenguaje riesgoso de prometer políticas que garanticen mayor seguridad. Tras haber sancionado leyes algo secundarias respecto a ese propósito, como la de flagrancia, la del arrepentido y la de responsabilidad penal empresaria, ahora el Gobierno va por un paquete más estrucutural. Y lo intentará casi en simultáneo al calendario electoral, entre acusaciones de manodurismo y de hacer marketing con el discurso punitivista. En el cuarto año de su mandato, el macrismo apurará una serie de proyectos muy ambiciosos: la reforma del Código Penal; un régimen penal juvenil que baje la edad de la imputabilidad; acelerar la expulsión de extranjeros, incluso antes de que tengan una condena firme; ampliar el uso de datos genéticos a la investigación de todos los delitos, y no solo de los sexuales; sancionar una ley contra los barras; y actualizar las normas que organizan a cada fuerza de seguridad. El reglamento que flexibilizó el uso de armas de fuego entre los agentes federales, puesto en práctica por el ministerio de Bullrich, fue un anticipo del último punto. La reforma del Código Penal: ¿vuelta a la mano dura? El plan encierra una carambola política: correr el eje de la campaña hacia temas que no tengan ningún tipo de relación con la Economía. Un objetivo que bien podría cumplirse, aun sin la necesidad de que esas medidas efectivamente se aprueben y tengan resultados favorables. En un año cargado de domingos electorales, al oficialismo le costará sumar consensos en proyectos controversiales. Los climas de campaña hacen que el Congreso funcione más trabado que lo habitual. Eduardo Casal, el jefe de los fiscales que ahora tendrán más poder. Escollos. Al macrismo le resultará difícil bajar por ley la edad de imputabilidad a los 15 años. El grueso de la oposición, desde el kirchnerismo, hasta el massismo y la izquierda, ya lo rechazaron. Organismos de derechos humanos y la rama francisquista de la Iglesia también se opusieron. “Propuesta simplista con fines electorales”, la definieron los curas villeros. "Solo el 1% de los delitos graves son cometidos por menores" Dentro del Gobierno circulan cuestionamientos al proyecto, impulsado originalmente por el Ministerio de Justicia y que se tratará en las sesiones extraordinarias de febrero. “Menos del 1% de los delitos graves son cometidos por menores. En los últimos cinco años en Capital, solo se dio un homicidio presunto: el caso Brian. Violaciones por parte de chicos casi no existen. Y los secuestros extorsivos son planificados por adultos. Además se contradicen principios constitucionales”, detalla una funcionaria macrista especialista en niñez. Su explicación choca con la opinión de Patricia Bullrich, quien días atrás dijo a Clarín que “la incidencia de menores en el delito es importante”. La ministra incluso pretendía llevar la edad a 14 años. Durante la etapa de reuniones de funcionarios de Justicia con académicos, representantes de provincias, organizaciones civiles y legisladores, hubo coincidencia respecto a la necesidad de impulsar un régimen integral para menores. Pero no hubo acuerdo sobre la baja: al contrario, las organizaciones especializadas en niñez (36 sobre cuarenta, con Unicef incluida) la rechazaron explícitamente. Por estas horas, desde el ministerio de Bullrich hacen fuerza para que otra iniciativa se cuele en las extraordinarias: la posibilidad de que los condenados por abusos y violaciones no sean los únicos obligados a dejar una muestra de su ADN en la base de datos oficial. Se trataría de una ampliación de la ley aprobada en 2013. En paralelo, el macrismo quiere endurecer la ley de migraciones, creando un fuero específico y una unidad de búsqueda de delincuentes extranjeros. “Nada tiene que ver con un pensamiento antiextranjero. Es un pensamiento antidelincuente”, aclaró Bullrich. Migraciones preparó una lista de mil personas (así fue filtrado) que serían expulsadas a la brevedad.   “En el imaginario social, la inseguridad se asocia a extranjeros y menores. Pero de la evidencia empírica no surge que haya un impacto mayor de esos colectivos”, asegura el especialista y consultor en seguridad Diego Gorgal. Para el primero de marzo, el Gobierno planifica otro mini-hito. En el que será su último discurso de apertura de sesiones (al menos el de su primer mandato), Macri presentará la demorada reforma del Código Penal. La comisión que la preparó, presidida por el juez de Casación Penal Mariano Borinsky, había terminado de redactarla a mediados del año pasado. Y desde ese momento su anuncio fue suspendido dos veces. ¿Motivos? Si bien nunca se blanquearon, hubo diferencias respecto a dos enfoques: derecho al aborto y tenencia de drogas para consumo. Al calor de las encuestas, Bullrich suena como candidata y ya levanta el perfil Sobre la fuerzas federales de seguridad, Bullrich pretende actualizar las normas (sancionadas hace décadas) que organizan la dinámica interna de cada una. La ministra quiere nuevas reglas de ascenso, premios y castigos para la Policía, Gendarmería y Prefectura. La suerte de este combo de proyectos marcará la carrera de Bullrich. En caso de que gane cierta aceptación social, incluso al margen de sus resultados concretos, la ministra podría convertirse en la compañera de fórmula de Macri. n   Reforma al Código Procesal Penal Apenas asumió, Mauricio Macri se enfrentó a un dilema: si aplicar a no la reforma del Código Procesal Penal aprobada en 2014. Esa ley le daba más poder a los fiscales en el manejo de las causas y las investigaciones, en detrimento del que tenían los jueces. Si bien el Presidente y el ministro de Justicia, Germán Garavano, coincidían con el espíritu de esa modificación, existía un dato que los desalentaba: la permanencia de Alejandra Gils Carbó como jefa de los fiscales. Una opción era prescindir parcialmente de los jueces federales, a costa de empoderar aún más a la procuradora. El Gobierno eligió la otra alternativa: frizar la reforma del Código Procesal vía decreto y negociar la paz con los jueces de Comodoro Py. Ahora, con Gils Carbó ya renunciada (y reemplazada por Eduardo Casal, una figura mucho más amistosa hacia la Casa Rosada), cambió el panorama. El 6 de diciembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó la actualización del Código que rige a nivel federal. El proyecto oficialista consiguió el apoyo del massismo y el interbloque Argentina Federal. El lunes pasado la ley fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial. En adelante, el sistema pasará de ser inquisitorio a uno acusatorio: o sea, los fiscales asumirán un rol preponderante al conducir las causas. La reforma a su vez promete modernizar herramientas para la investigación de delitos complejos, como narcotráfico, corrupción, trata y crimen organizado. ¿El cambio generará el malestar entre los jueces federales de Py? No todavía: el nuevo método se aplicará en etapas y muy progresivamente. La primera se concretará en Salta y Jujuy.