En la edición de papel del diario Página 12 fue publicada una grave denuncia sobre el accionar de UATRE, aunque desde el gremio rechazaron la acusación y aseguraron que no se les exige a los trabajadores que se afilien al PJ Federal.
Julio Cesar René y Sergio Iván González son las otras dos personas afiliadas en la seccional 844 de Uatre, que junto a Sequiera y Antonio, describieron ante el Inadi las presuntas irregularidades en gremio rural. “La negativa a las afiliaciones significa la no incorporación de tales trabajadores a la empresa” Satus Ager, puntualmente al predio ubicado en el kilómetro 97 y medio de la Ruta 191 de Salto. Los denunciantes aseguraron que muchas mujeres fueron “obligadas” a afiliarse al sindicato y al justicialismo, y que “otras fueron engañadas suponiendo que firmaban planillas de ingreso a la empresa, cuando en sí les hacían firmar la afiliación” partidaria o sindical. También mencionaron situaciones de trabajo “inhumanas” en la mencionada estancia y en otras cercanas.
En este marco, Gerónimo Venegas se defendió: “Desde la Uatre hacemos los relevamientos posibles, donde aparecen los trabajadores que están en situaciones infrahumanas” y explicó que su organización “no tiene que aclarar nada sino ratificar lo que viene haciendo desde hace 19 años”. Por su parte, Pablo Ansaloni, delegado de la Zona Norte y uno de los denunciados, dijo a Página/12 tener “una buena y normal relación de trabajo” con las personas que lo acusan y dijo desconocer las irregularidades narradas por sus compañeros de gremio.
Ante la denuncia, la vicepresidenta del Inadi, María Rachid, manifestó que desde el organismo “ya se está investigando”. Tanto para la explotación como para las afiliaciones “se usaría a personas vulnerables, y eso implica discriminación”. Rachid hizo hincapié en que la trata de personas “es una de las formas de discriminación más cruel”.
Hoy a primera hora, el Inadi hará un informe de la situación a la Oficina de Rescate para Víctimas de Trata y a la Justicia Federal.
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