Las formaciones del Belgrano Cargas circulan a una velocidad muy baja, de entre 12 y 15 kilómetros por hora. Hay locomotoras de casi 50 años, maquinarias obsoletas y vías en avanzado deterioro. 

Para el nuevo Gobierno nacional, el Ferrocarril Belgrano Cargas alcanzó su estado más crítico en 2015. Con ese escenario es casi una utopía la reactivación, un reclamo histórico del sector productivo para abaratar costos ante los elevados precios del flete. 

El informe, al que se bautizó "la herencia k", fue publicado esta semana por la Casa Rosada y expone respuestas postergadas, desmanejos económicos, desinversiones y faltas de control en aspectos que afectan sensiblemente a Salta, como el caso del Belgrano Cargas. 

El macrismo también sindica para esta región legados como millonarios reclamos de comunidades originarias y el avance del narcotráfico por la fragilidad de la frontera y las condiciones de las fuerzas de seguridad. 

En "El estado del Estado", de 223 páginas, el macrismo dedicó un capítulo a los trenes. El ferrocarril pasó a manos del Estado en 2013 tras décadas de desinversión. En agosto de ese año el kirchnerismo creó la Sociedad del Estado Belgrano Cargas y Logística (BCYL), que quedó a cargo del Belgrano Cargas, en el norte, y de las líneas San Martín, en la zona central y Cuyo, y Urquiza, en la mesopotamia.

En caída

A través de los ferrocarriles en 2015 se transportaron 2,5 millones de toneladas de mercadería; esto es, 3,5 millones menos que en el 2001. 

"Por esta gran caída se estima una pérdida de 2.025 millones de pesos, solamente en el 2015", señaló la Casa Rosada. Otro dato que demuestra la crisis: en 2003 se habían trasladado 5,3 millones de toneladas, más del doble que el año pasado.

A la sociedad del Estado BCYL se le sindicó un estado económico y financiero crítico. Se hizo constar en el informe que nunca se le exigieron rendición de cuentas. 

"El estado de las locomotoras era obsoleto: tenían una edad promedio de 47 años, muchas máquinas eran de 1950 y los talleres no tenían elementos de trabajo ni repuestos para realizar reparaciones. En los últimos dos años de su gestión el anterior gobierno demostró un interés superficial por el estado de los trenes e intentó revertir esta tendencia con la compra de máquinas, que en diciembre de 2015 no habían llegado", se plasma en el informe sobre "la herencia". 

El 5 de mayo último El Tribuno publicó un informe periodístico en el que hizo notar que en toda la provincia hay más de 700 kilómetros de vías inoperables, por lo que la recuperación implica más de 8.000 millones de pesos. 

En estos más de dos años en los que el Belgrano estuvo a cargo del Gobierno no hubo una reactivación acorde a las necesidades productivas y de transporte de la región, pese a los constantes anuncios de inversión. 

El Ramal C14, por ejemplo, tiene inoperables 179 kilómetros, por lo que su utilización para unir la ciudad de Salta con Chile suena un tanto lejana. El vínculo con Bolivia también entró en una zona de espera ya que los trabajos no se iniciaron y se dispuso revisar el proceso de adjudicación. 

Por otra parte, la Casa Rosada informó que la sociedad estatal BCYL operaba sin inventarios. El stock de repuestos y materiales estaba dividido en distintos sistemas con información parcial y sin una constatación física. "Varias veces, por ejemplo, la empresa compró materiales que ya tenía y dejó de comprar otros que sí le faltaban", indica el documento.

El presidente Mauricio Macri prometió, en el marco del Plan Belgrano, un programa de inversión para las diez provincias del norte, la reactivación del Belgrano Cargas. Aún solo fueron anuncios. El 28 de marzo, en una reunión con los intendentes salteños en La Candelaria, el coordinador del Plan Belgrano, José Cano, había dicho que se planificaba avanzar con el Belgrano Cargas y establecer una estación logística en la localidad de G�emes. Tampoco hay noticias de eso. 

La frontera

El avance del crimen organizado y el narcotráfico arrasaron en los últimos años y dejaron una zona caliente en todo el NOA. Esto también entró dentro del informe de "la herencia. Las fuerzas de seguridad nacionales fallaron en el control de las fronteras. Al comienzo de su gestión, el Ministerio de Seguridad carecía de un sistema de control de fronteras adecuado y eficaz. Las fronteras se encontraban con un grave déficit de infraestructura de seguridad, de personal y de medios". 

El Gobierno anterior, por cierto, había montado el operativo Escudo Norte, pero fue insuficiente. En varias oportunidades, gendarmes afectados a Salvador Mazza tuvieron que dejar el lugar y cumplir tareas en el Gran Buenos Aires. 

"En diciembre de 2015, dos de las principales preocupaciones de los argentinos eran la inseguridad y el narcotráfico, que habían crecido en el país hasta llegar a convertirlo en el tercer proveedor mundial de cocaína y el país con la mayor tasa de robos del mundo. Todo esto sucedió en un contexto donde se desarticularon las fuerzas de seguridad y dejaron de publicarse estadísticas", indicó el Gobierno.

POLÉMICA POR LA OBRA DEL GASODUCTO DEL NORDESTELa Nación señaló la suba de costos por convenios con empresas y la Uocra. "La construcción del Gasoducto del Nordeste (GNEA) se planificó sin ningún estudio de factibilidad que evaluara los beneficios del proyecto", indicó el nuevo Gobierno nacional en el documento "El estado del Estado", que se puede consultar en la página oficial de la Casa Rosada.Ese proyecto, de más de 4.000 kilómetros, para llevar gas a Formosa, Chaco, Corrientes y Santa Fe tiene un tramo de 299 kilómetros en Salta.El 4 de agosto de 2014 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó con el gobernador Juan Manuel Urtubey y otros mandatarios provinciales un convenio para la construcción. La etapa salteña fue adjudicada a la empresa Vertua y los trabajos comenzaron a principios del año pasado en la zona de Rivadavia Banda Norte. En Salta el gasoducto debe unirse en Campo Durán con la red Juana Azurduy.En Formosa, en tanto, se contrató a las firmas Techint e Ingeniería Panedile, para construir el tramo desde el límite con Salta hasta Ibarreta.El actual Gobierno nacional también cargó contra las obras y los presupuestos para los trabajos.En el informe señaló que los costos del proyecto se multiplicaron, por diversas razones. "Un acuerdo entre la Uocra y los contratistas, sin la participación de Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima), pero homologado por el Ministerio de Trabajo, aumentó el costo en 419 millones de pesos".Al respecto, el secretario general de la Uocra en Salta, Rubén Aguilar, dijo ayer a El Tribuno que "desde hace tiempo se firmaron adicionales del 30% por cada convenio en las obras de gas". Alertó que hay más de 500 trabajadores afectados por la paralización de la obra desde fines del año pasado en el norte provincial."El GNEA tendría que haber continuado, pero está todo en la nada", lamentó el gremialista. Sin especificar el nombre de la empresa, la Casa Rosada señala en el informe que la contratista que operaba esa zona presentó el 9 de diciembre de 2015, un día antes del cambio de gobierno, un reclamo por días improductivos por 538 millones de pesos.RECLAMAN $32 MILLONESEn el apartado que el Gobierno nacional dedicó al Gasoducto del NEA aparece un dato llamativo. "Comunidades nativas de la provincia de Salta reclamaron 32 millones de pesos para la resolución de conflictos sociales".Fuentes del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de la Provincia desconocieron ese reclamo y agregaron que se estuvo pagando los correspondientes planes a las comunidades en el marco de la construcción de los gasoductos. Desde el Gobierno también admitieron que las obras están paralizadas.