Según un investigador, "las cuotas individuales favorecen la concentración de la pesca"

La aplicación de cuotas individuales de captura por buque adoptada por la Secretaría de Pesca de la Nación para el caldero de la merluza es objeto de controversias entre analistas y empresarios del sector, en tanto hay todavía dudas respecto de los alcances de la medida, que está prevista en el marco de la ley Federal de Pesca y que quedó en suspenso por un decreto del año 1999, cuando se declaró la situación de emergencia de dicho recurso.
Algunos empresarios de la región admiten que no conocen en profundidad el impacto que provocará la medida, al tiempo que organismos nacionales han advertido que no es suficiente y que requiere de medidas complementarias.

Entre quienes ven en la nueva medida un efecto perjudicial, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, se cuenta el oficial de marina mercante Roberto Maturana (es además investigador y desde hace años viene denunciando la situación del caladero y depredación de la merluza, sus artículos pueden leerse en www.periodicotribuna.com.ar), quien cuestiona en duros términos esta medida. Al ser consultado en torno a por qué es perjudicial la aplicación, cuando durante años se dijo que sería la solución para evitar la sobrepesca, respondió:

"La cuotificación produce monopolio, lo que supuestamente (la presidente) Cristina Fernández dice combatir. Es una concentración a favor de las grandes empresas, sin ningún tipo de control. Por ejemplo se habla de cuotas transferibles no públicas, entonces nadie sabe cuánto de captura posee el buque número 1 y cuánto transfirió al número 2 y éste a su vez al número 3. Esto no es otra cosa que multiplicación de permisos en un marco de corrupción que supera a la que tuvo la gestión de Felipe Solá cuando estuvo a cargo de Pesca de la Nación".

En ese marco señaló que la información debería ser pública, tratándose de la extracción de recursos que son patrimonio de futuras generaciones.

"El sistema de cuotas -añadió Maturana- está perimido en el mundo, porque es una forma de que las empresas que más pagan, más pesquen y lo hagan de cualquier forma. Sabemos que ha habido años atrás una auditoría de la UBA, junto a la SIGEN y la Auditoría General de la Nación, que han certificado que hubo irregularidades en el otorgamiento de permisos en los años 90; pero este sistema de cuotas lo que hace es ratificar esos permisos, por lo que significa afectar gravemente al caladero y el responsable es Norberto Yauhar", actual secretario de Pesca de la Nación.

Al preguntársele cómo puede afectar la cuotificación a las pequeñas y medianas empresas de Chubut, respondió:

"Las empresas chicas van a terminar vendiendo sus cupos, pues las grandes presionan a éstas bajando el precio y a través de otras mil maneras, tal como ocurrió en Europa; si una empresa no puede comprar los insumos porque le subieron los costos, o no tiene precio en el mercado, va a terminar vendiendo su cupo. Al mismo tiempo, las grandes empresas pueden utilizar esa cuota para cotizar en bolsa, porque lo van a tener asegurado por 15 años. Esto es un verdadero dislate kirchnerista! Por todo esto he decidido iniciar una querella por administración fraudulenta de bienes del Estado, con perjuicio ambiental hacia terceras generaciones".

Descartes sin control

También se le consultó a Maturana por qué el INIDEP no ha podido contrarrestar los descartes en altamar, que han afectado gravemente al caladero argentino:

"El INIDEP no puede hacer nada, pues está dividido por internas y cuestiones sindicales. Este instituto es hoy similar al INDEC, Yauhar es una especie de "Morenito" (NDR: en referencia al secretario de Comercio, Guillermo Moreno) y por ello el INIDEP dice lo que el secretario de Pesca quiere escuchar. La depredación a través del descarte es fabulosa, pues está todo "arancelado" y las fiscalizaciones no existen. ¿Dónde están las cámaras de filmación en los buques de las que tanto habló Yauhar? Esto demuestra que además de robarnos nos toman por idiotas".

Para Maturana, por las razones expuestas la captura máxima permisible (fijada para este año en 290.000 toneladas, pese a que informes científicos aconsejaban reducirla a 170.000) "es una burla, porque están otorgando lo que ha pedido Yauhar. Bajo la emergencia pesquera no es legal cuotificar la merluza, sino que es inconstitucional y nulo de nulidad absoluta. ¿Qué podemos esperar en un país en el que quienes debían dar medicina a pacientes oncológicos daban agua? El pescado no muge, no sangra y no se ve, pero vale millones de euros. Esta transferencia de cupos va a provocar desempleo en el sur y favorecerá a Mar del Plata; esto va a enriquecer a los empresarios más ilegales del mar argentino, que operan con cooperativas truchas y pauperizan a trabajadores, evaden impuestos y destruyen a la Anses, generando más pobres porque así, creen ellos, tendrán más votantes".

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