Según encuesta, en la UNRC más del 35% probó drogas

Según encuesta, en la UNRC más del 35% probó drogas
A propuesta de un juez federal, instituciones que integran el Consejo de Seguridad local piden crear un fondo municipal para prevención y tratamiento.
Río Cuarto. Un sondeo realizado entre mil estudiantes, profesores y no docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) habría determinado que un 35 por ciento de los integrantes de la comunidad educativa alguna vez probó drogas. Así lo adelantó Javier Cogno, de la entidad terapéutica Nazareth, una de las organizaciones que participan de un proyecto de prevención de las adicciones que se presentará este año en la casa de altos estudios.

Cogno reveló que uno de los pocos datos procesados de la encuesta realizada en 2008 indica que tres o cuatro de cada diez integrantes de la UNRC experimentó sustancias ilegales.

Señaló además que recién se terminará de procesar el sondeo en marzo, para contar con un acabado diagnóstico de la situación y definir medidas. Adelantó que de la mesa de trabajo participan representantes de las secretarías de Extensión y Salud de la UNRC, de la obra social Aspurc, alumnos autoconvocados y la agrupación sindical Peco Duarte, entre otros. Cogno anticipó que también se aspira a implementar una carrera de posgrado sobre prevención de adicciones para profesionales de la salud y de la educación.

"La prevención da resultado si tiene continuidad en el tiempo. Vale la pena intentarlo", afirmó Cogno.

Necesidad de recursos. El crecimiento del consumo de drogas y del narcotráfico es admitido por las más altas autoridades de Río Cuarto. Recientemente, el Consejo de Seguridad, organismo multisectorial motorizado por la Defensoría del Pueblo, anunció que prevé impulsar una ordenanza para la creación de un fondo presupuestario municipal exclusivamente destinado a la rehabilitación de chicos adictos y a la prevención.

Fue el juez federal Carlos Ochoa, que integra ese consejo, el que sugirió la idea de la creación de un fondo especial para contar con recursos con esta finalidad.

En la ciudad no existen centros públicos que ofrezcan tratamiento. El municipio tiene convenios con la Fundación Clínica de la Familia y con la ONG Nazareth, por los cuales paga el tratamiento de diez personas (o la internación de cinco en el caso de la comunidad terapéutica). A cambio de unos 13 mil pesos mensuales, las dos entidades (que actúan de manera articulada con el área municipal de Protección Familiar) también se encargan de dar talleres preventivos en dispensarios y formar jóvenes agentes multiplicadores en algunos barrios de la ciudad.

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