Según el convenio, "el municipio debe cubrir los atrasos con recursos propios"

Lo dice el artículo 7 del convenio firmado por Nación, Provincia, empresa y comuna. Crece el malestar en las familias que ocuparon casas del Plan Federal II. Denuncian "discriminación" y "listas negras".
La escalada de tensión por la toma de viviendas y lotes en La Movediza, que tiene a 106 familias en vilo y bajo temor de inminente desalojo, se ratificó ayer cuando la Comisión de Vivienda y Posesión salió a desnudar las "6 mentiras" del intendente sobre las responsabilidades en torno al paralizado Plan Federal II.

Bajo la consigna "adjudicación ya", un grupo de vecinos, respaldados por el Partido Socialista y el Movimiento Evita, sacó a relucir la letra del contrato rubricado en 2006 por el Estado Nacional, el Instituto de la Vivienda, la empresa "Málaga" y la comuna.

Para los reclamantes, convenio en mano, está claro que el municipio debe asumir con "recursos propios" las dilaciones en los pagos. Y desde una precaria morada sita en Los Jazmines 2.018, pusieron el descubierto que Miguel Lunghi "nos mintió".

Mientras preparan una caravana que realizará "Flor de Murga" el jueves a las 19 por las calles del barrio, desmintieron lo vertido por el pediatra tras la visita del pasado 8 de diciembre. Los ocupantes se sintieron "agraviados" porque Lunghi definió como "agitadores" a los vecinos referentes de organizaciones políticas. Y fueron más allá al sostener que el intendente "discriminó" a uno de los dirigentes debido a una "discapacidad".

Empezaron "desenmascarando" los hechos vinculados a la situación dominial: "el intendente expresó que esto estaba en manos de la constructora エMálagaエ y que sería esta empresa la que iniciaría una demanda de desalojo". Para contrarrestar ese argumento, los vecinos citaron el artículo 7コ del convenio que establece las condiciones del Plan Federal II, firmado por Nación, Provincia y municipio. Allí se establece que la comuna "se compromete a transferir el dominio de los terrenos en favor del instituto durante el transcurso de la ejecución de la obra". Con eso desmienten al jefe comunal, "que nos hizo creer que el terreno estaba en manos de un privado".

Ante el alegato radical sobre la responsabilidad del Gobierno Nacional en la "contratación de la firma constructora", reveló la Comisión de Toma el artículo primero del mismo convenio: "el municipio que ha licitado y adjudicado se compromete para que las obras se ejecuten según los términos de los contratos celebrados por las empresas adjudicatarias". Por eso los vecinos sostienen que "quien contrató a la firma fue el municipio vía licitación".

LAS 13 CITACIONES JUDICIALES

Sobre las causas judiciales contra los vecinos, el comunicado asegura la existencia de "13 citaciones judiciales por desalojo bajo la carátula: "Rubén Dieguez, denuncia de usurpación", presentadas ante el fiscal Damián Borean. Para los firmantes, Lunghi "utiliza como fusible a un funcionario de tercera línea para firmar las denuncias, cuando el único responsable es él".

La cuarta "mentira" -según los ocupantes- se cristalizó cuando se cargaron las culpas todas en el Gobierno Nacional por el no "pago de la certificación de obra". Para rechazar este fundamento apelan al artículo 7 del convenio: "el municipio evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios, de producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por el municipio con sus propios recursos". La no culminación de las casas -de acuerdo a los vecinos- es resorte entonces del Ejecutivo local.

"Lunghi expresó a la prensa que no nos abandonaría. Decimos que miente. Al 80 % de las familias que tomamos esta decisión, nos pagaba el municipio un alquiler por nuestra situación social y económica, pero los cortó después de las elecciones", añadieron.

Finalmente, denunciaron que una trabajadora social del CIC confeccionó una "lista negra" compuesta por "usurpadores", mediante el escrito que fija los nombres de beneficiarios de alimentos. "Agregaba la palabra エusurpadorエ junto al apellido de los vecinos que tomaron casas", una práctica que compararon a lo sucedido durante "la última dictadura militar".

"EL TANDIL SONADO"

Gustavo Bravo, miembro de la Comisión de Toma y Posesión, adelantó que ante las falta de respuestas del municipio, buscarán los vecinos apoyo del nivel provincial y nacional, para lograr "fondos y culminar el Plan Federal II así como levantar las casas en los terrenos tomados".

Para Bravo, la comuna cuenta con dinero para invertir en el barrio, pero "no lo quiso utilizar con nosotros". "Lo invirtió en el Tandil Soñado, de las cuatro avenidas hacia el sur. La Movediza, Las Tunitas, Villa Aguirre, Villa Cordobita y Cerro Leones somos el エTandil Sonadoエ", fustigó.

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